El PSOE pidió ayer la celebración de un Pleno extraordinario del Congreso para que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, dé cuenta de los pasos que piensa dar el Gobierno después de que un informe del Consejo de Estado determinara la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente del "Yak-42" cuando el departamento estaba dirigido por el ahora embajador en Londres, Federico Trillo.
El Grupo parlamentario Socialista presentó esta iniciativa en un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, para que se reúna la Diputación Permanente y trate la convocatoria de ese pleno extraordinario.
La semana pasada, todos los grupos de la oposición solicitaron que la ministra dé explicaciones ante la Comisión de Defensa del Congreso. A lo que Cospedal respondió pidiendo comparecer voluntariamente. Sin embargo, el Pleno, de celebrarse, no llegaría hasta febrero, puesto que todos los partidos han aceptado que el mes de enero sea inhábil en términos de actividad legislativa.
Cospedal recibirá a la Asociación de Familiares de Víctimas del "Yak-42" el próximo martes, 10 de enero, en la sede de su departamento. El equipo de Cospedal se puso en contacto con los representantes de los familiares de los militares muertos en el accidente del "Yak-42" para proponerles varias fechas de la semana que viene y poder concretar un día y una hora para reunirse.
Tras la publicación del dictamen del Consejo de Estado que establece la responsabilidad administrativa del Gobierno en el siniestro de mayo de 2003, fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron que Cospedal tiene "voluntad plena" de que este asunto "se resuelva de la mejor manera posible" y por eso quiere reunirse con los familiares.
Tras conocerse el dictamen, los familiares de las víctimas exigieron el cese de Federico Trillo como embajador en Reino Unido y que se les pida perdón por la pérdida de sus seres queridos hace casi catorce años.
Tras el accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares recibieron compensaciones económicas de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn (6,2 millones de euros), y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones (10.000 euros para cada familia afectada).
La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en 2012 y de los tres condenados por el fallo en las identificaciones de las víctimas, ninguno está ya en prisión. El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitanes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa.
