El PP presentará su proyecto de Presupuestos aunque no tenga garantizado de antemano el apoyo socialista, por el que ha mostrado su preferencia frente a otras combinatorias de votos para disponer del respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. "Cuanto más apoyo tengamos, mejor, pero hay que entender las posiciones de cada uno y respetar su voluntad", aseguró ayer Mariano Rajoy, para dejar constancia de que el PP buscará la manera de eludir el "no" a las cuentas para este año que el PSOE ha dado ya antes de conocerlas.
Las bases del Presupuesto están sentadas con la fijación del techo de gasto del Estado y los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, dos aspectos fundamentales que el PP consiguió aprobar con el respaldo del PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV.
Pese a las dificultades que ahora pueda encontrar para la aprobación de los Presupuestos, el presidente del Gobierno mantiene el propósito de que la legislatura sea de cuatro años. "Voy a intentar que sea larga y que sea fructífera. Voy a hacer todo cuanto esté en mis manos para no adelantar" las elecciones, afirmaba ayer en un foro madrileño.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, recibió las alabanza del jefe del Ejecutivo. "A lo mejor no le hago un favor, pero tengo muy buena opinión de él. Es un hombre sensato y razonable", apuntó. En su opinión, Fernández "ha logrado tranquilizar las cosas" en el seno del PSOE y en el tiempo que lleva al frente de la dirección provisional está "ayudando" a que la situación en España sea "un poco mejor".
Conflicto de competencias
El Gobierno comenzó ayer a dar cumplimiento a los compromisos contraídos en la reciente conferencia de presidentes al incorporar a su estructura la figura de un Comisionado para afrontar el reto demográfico y redactar la Estrategia Nacional en la materia.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo mantiene vivo el conflicto de competencias con el Congreso de los Diputados al pedir al Tribunal Constitucional que anule la paralización del calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que ha empezado a tramitar la Cámara Baja pese a la disconformidad de Mariano Rajoy y su equipo. La acción del Gobierno se dirige contra la propuesta del PSOE para paralizar la legislación educativa, que se tramita pese a que el Gobierno hizo uso de su capacidad de veto a aquellas iniciativas parlamentarias que conlleven modificaciones presupuestarias. El Ejecutivo aduce que la paralización de la LOMCE supondría prescindir de entre 560,94 millones y 614,96 millones en 2016 y 2017 del Fondo Social Europeo ya previstos en el Presupuesto.
