El senador de ERC Santiago Vidal reconoce que el Gobierno de la Generalitat ha realizado "ilegalidades" en pro de la secesión. Así, ha obtenido de forma "ilegal" los datos fiscales de los catalanes e investiga a los jueces que trabajan en Cataluña para saber cuáles aceptarían quedarse en la comunidad tras una hipotética independencia.
Además, revela que el Gobierno de un país extranjero instruye a los Mossos d'Esquadra en materia de contraespionaje y asegura que en los Presupuestos de este año, todavía pendientes de aprobación, hay una dotación de 400 millones para organizar el referéndum y crear las llamadas estructuras de Estado, "camuflada" para que no haya "impugnaciones" del Gobierno central.
Estas son algunas de las afirmaciones que Vidal ha ido deslizando en conferencias y discursos en municipios catalanes entre el pasado noviembre y este mes, según informó ayer el diario "El País" en su edición digital.
Vidal -que fue suspendido como juez en 2015 por participar en la redacción de una constitución catalana- afirmó en esas conferencias: "La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal".
Vidal también desveló, según el rotativo madrileño, que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, tiene un "preacuerdo" para que una Cataluña independiente, sin fuerzas armadas, participe en la OTAN aportando ayuda humanitaria, y que once estados de la UE apoyarán una declaración de independencia, entre ellos Letonia, Lituania y Eslovenia.
Vidal concreta asimismo que hay un acuerdo para que se instale en Cataluña una fábrica de helicópteros de transporte militar.
Y que hay un Estado no europeo que está dispuesto a facilitar crédito al Gobierno de Carles Puigdemont, si Cataluña consigue la independencia, y que dos fondos de inversión no europeos aceptarían abrir una línea de crédito de hasta 200.000 millones para financiar a la región si el Gobierno de Mariano Rajoy suspenda la línea de ayuda del FLA.
El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, lo negó todo implícitamente: "Nuestro trabajo es siempre escrupulosamente legal, extremadamente eficaz y absolutamente transparente, que nadie lo dude". "Lo que hace el Govern se expresa a través de sus consellers y la portavoz. En ningún caso la opinión de personas externas al Govern es vinculante", añade, en referencia a Vidal, a quien también desmintió el Ejecutivo catalán.
