La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la recusación planteada por el PP contra la jueza Rosa María Freire, que investiga el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. La Sección Séptima de la Audiencia rechaza la pretensión de los populares al no apreciar en la magistrada enemistad hacia la formación en la resolución que dictó contra la recusación presentada por el partido.

"Me han convertido, según el partido recusante, en un eficaz instrumento de la acción política del PSOE; desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que por el contrario soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas seguramente masculinas", exponía Freire, jueza de Instrucción número 32 de Madrid, en su escrito de respuesta a las pretensiones del PP. Esas valoraciones de la instructora revelan, según el PP, "una preocupante predisposición peyorativa". Sin embargo, la Audiencia no aprecia enemistad manifiesta ni prejuicios políticos ni ideológicos de la jueza en relación con el PP que puedan afectar a la instrucción de la causa. Por ello, acuerda devolver a la jueza de instrucción del caso. Sin embargo otra sección de la Audiencia, la Cuarta, ha dictado otro auto en el que estima un recurso del PP y ordena que se siga tramitando la recusación inicialmente planteada, por considerar que no fue extemporánea como sostenía la jueza. Queda así pendiente terminar de tramitar la recusación inicial para dilucidar la supuesta falta de imparcialidad que denuncia el PP durante la instrucción llevada a cabo por la jueza. Al respecto, el auto de la Sección Séptima apunta que "durante la larga instrucción del procedimiento no se ha advertido ningún motivo de la supuesta enemistad manifiesta" y añade que dicha instrucción "ya está finalizada".

Pese a que Bárcenas retiró la acusación contra el PP, la jueza procesó al partido; a su tesorera, Carmen Navarro; al asesor jurídico del partido, Alberto Durán; y al director de sistema de información, José Manuel Moreno, por considerarlos presuntos culpables de destruir pruebas judiciales del caso contra Bárcenas que se sigue en la Audiencia Nacional.