El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inicia hoy el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, acusados de mantener la votación del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes.

Desobedencia. Artículo 410.1 del código penal

Castiga la desobediencia grave cometida por autoridades públicas. Se castiga con multas que van tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.

Prevaricación. Artículo 404

Sanciona a cualquier autoridad que dicte una "resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia". La pena en este caso es la inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años.

Malversación de fondos públicos. Artículo 432.1

Está penado con multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público entre seis meses y tres años.Una gran cobertura mediática

Un total de 342 periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y técnicos de 70 medios de comunicación, siete de ellos extranjeros, se han acreditado para cubrir el juicio, que se iniciará a las 9.00 horas de hoy con la exposición de las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas ante el tribunal.

Tras el trámite de cuestiones previas están previstos, por este orden, los interrogatorios a Mas, Ortega y Rigau, que podrían volver a declarar el próximo viernes 10 de febrero si decidiesen ejercer su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.

Según la previsión del tribunal, que podría sufrir modificaciones en función del desarrollo de la vista, para mañana están programadas las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía, la acusación popular -ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP así como por Manos Limpias- y en algún caso también las defensas.

Entre ellos, se prevé que mañana declaren una director de un instituto que se negó a abrir el centro para la votación, así como Joan Cañada, asesor del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta; Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé.