La condena de Artur Mas a dos años de inhabilitación para cargo público prueba que "la justicia pone a cada uno en su sitio", según afirmaba ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tras conocerse la sentencia. Anticipándose a las críticas a una resolución judicial a la que los nacionalistas atribuyen intencionalidad política, Casado asegura que "no se juzga a nadie por sus ideas sino por incumplir la ley".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Mas y dos de sus consejeras es la prueba de que "las resoluciones del Tribunal Constitucional se tienen que acatar, y saltárselas tiene consecuencias", según el secretario de organización del PSC, Salvador Illa. Tras constatar que "la condena impuesta ha sido la menor", Illa considera que "el camino de la judicialización no conduce a nada" y pide a los gobiernos central y catalán que rectifiquen para apostar por el diálogo y por una reforma de la Constitución.

Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "es muy grave que en una democracia se juzgue y se inhabilite políticos por poner urnas". Colau considera que "judicializar un conflicto político es enquistarlo".

La CUP se niega a acatar una "sentencia política contra los millones de personas que el 9N salimos a votar por los derechos nacionales del país" y defiende un "referéndum unilateral" como "única salida" para Cataluña.

El vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, se reafirmó ayer en la voluntad de celebrar esa consulta. "Este tipo de sentencia nos reafirma en que tenemos un mandato democrático muy claro y que lo cumpliremos en las mejores condiciones posibles", apunta Junqueras.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ofrece para generar una alternativa "constitucionalista" en Cataluña que ponga fin al "bucle independentista en el que está sumida" la comunidad.