24 de marzo de 2017
24.03.2017
Investigación

A juicio nueve años después el espionaje en el PP de Madrid

Tres funcionarios y tres guardias civiles se sentarán en el banquillo por los hechos, ocurridos en 2008

24.03.2017 | 20:56
El exvicealcalde Manuel Cobo, uno de los espiados.

Un juzgado de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra tres funcionarios y otros tres guardias civiles por el espionaje presuntamente cometido en 2008 sobre Manuel Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón en el PP madrileño) y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la jueza de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, establece que el caso -que fue tres veces archivado y otras tantas reabierto por orden de la Audiencia de Madrid- debe ser juzgado, en contra del criterio de la Fiscalía.

Será un jurado popular el que se encargue del juicio por malversación de caudales públicos a los seis acusados, entre los que se encuentra el ex director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el guardia civil Francisco Careo Vinagre, que se encuentra investigado en la trama Púnica por el supuesto chivatazo a Francisco Granados.

Los seis procesados están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008.

Además de Gamón y Caro Vinagre, serán juzgados los funcionarios y guardias civiles Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

De acuerdo con el criterio de las acusaciones que ejercen el PSOE, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, la Audiencia cree que procede juzgar a los seis acusados, que prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de Madrid, por los seguimientos en marzo, abril y mayo de 2008 sin tenerlos encomendados.

La cuestión que será juzgada es el uso de medios públicos que tenían asignados por la Comunidad para el ejercicio de sus cargos, generando gastos indebidos.

Un jurado popular


Al tratarse de un delito de malversación, será un jurado popular el encargado de juzgar los hechos en la Audiencia Provincial de Madrid, como plantea el auto, contra el que no cabe recurso, dictado por la magistrada Carmen Valcarce.

Varios de los acusados han comparecido en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid. Uno de ellos, Antonio Coronado, aseguró que el expresidente regional Ignacio González ordenó seguir a la actual presidenta, Cristina Cifuentes, y al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

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