El tan esperado desarme de ETA podría ser el primer paso para llegar a la disolución de la organización terrorista. Sin embargo, para llegar a este punto deberá de hacer frente a otros problemas aún no resueltos como, por ejemplo, el acercamiento de los presos.
Es posible que con el desarme ETA logre avances en la dispersión y política penitenciaria de los presos de la organización, aunque el Gobierno de Rajoy se cierra en redondo a dar contrapartidas a la banda. Este colectivo de reos, prácticamente olvidado por el Gobierno, tiene cada vez menos fuerza. En la actualidad, hay unos 360 presos de ETA: 280 reos en las cárceles españolas --sólo tres dentro del País Vasco--, y el resto en Francia.
Si el Gobierno de estos últimos años no ha iniciado el proceso de acercar los presos al País Vasco es, entre otros factores, por la diferencia ideológica con sus votantes. Sin embargo, el desarme de la banda terrorista podría suponer el fin de la dispersión.
Y es que el acercamiento de los presos a cárceles próximas al País Vasco es una medida que respaldan todos los partidos políticos vascos salvo el PP, que no se opone a ella pero si antepone a la misma la disolución de ETA.
La postura del Gobierno no allana el camino
Pese a la predisposición de ETA a entregar las armas, el Gobierno no parece dispuesto a allanar el camino a la organización terrorista. Sólo unas horas después de conocerse el anuncio del desarme, Mariano Rajoy ya avisó que no habría "nada a cambio de nada".
Lo más seguro es que esta postura del Gobierno sea el principal escollo a salvar por la organización terrorista en los próximos años. Algo que ya intentó paliar el propio Íñigo Urkullu, días antes de conocerse el anuncio de ETA de entregar las armas, durante una conversación con Rajoy. Fue entonces cuando el lehendakari pidió al presidente del Gobierno que no se entorpeciera el desarme y se "dejara hacer".
La violencia, el otro escollo
Pero hay una cuestión que preocupa al Gobierno y que parece poner trabas al futuro de la organización. Poner fin a la violencia de los últimos años y a agresiones como la de los guardias civiles de Alsasua parece ser el objetivo de las fuerzas de seguridad y del Gobierno.
Precisamente, la actuación de la Justicia contra los agresores de Alsasua deja entrever que prefiere "cortar de raíz" y actuar rápidamente con aquello actos que considera judicialmente terroristas.
Esto hay que sumarle las últimas condenas en nuestro país por enaltecimiento al terrorismo contra ´tuiteros´ o raperos. El caso más sonado quizás sea el de Cassandra Vera, la joven condenada a un año de prisión por sus chistes en la red social sobre Carrero Blanco, quien fuera asesinado por ETA en 1973. Una sentencia que sólo parece poner en entredicho la futura relación de la organización terrorista y sus seguidores con el Gobierno.
