La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no pudo contener ayer las lágrimas al hablar de su sucesor en el cargo, Ignacio González, detenido la víspera en la "operación Lezo" contra la corrupción en el Canal de Isabel II. "Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantos años, es un palo verdaderamente muy, muy relevante", admitió la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital.

Pero también quiso mantener la presunción de inocencia de su antiguo colaborador: "Si no lo es, yo también estoy conmocionada, porque el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la justicia en España es muy lenta, también lo sería".

En todo caso, se refirió a la detención de González como algo "muy lamentable" y al día de ayer como una jornada "verdaderamente triste".

Todo ello lo dijo la expresidenta del PP madrileño, rodeada de periodistas y emocionada hasta las lágrimas, después de declarar tres horas, en calidad de testigo, ante el tribunal que juzga la primera época de Gürtel.

Aguirre también garantizó a los periodistas que no piensa dimitir, porque el fondo del asunto, a su juicio, es la compra de una empresa que el Canal adquirió en 2013, cuando ella ya no era presidenta, pues había dado "un paso atrás" el 17 de septiembre de 2012 en favor, precisamente, de Ignacio González.

Ante el tribunal de Gürtel, la expresidenta madrileña afirmó que desconocía que los montajes de los actos políticos a los que acudía eran adjudicados siempre a empresas de la trama de Francisco Correa. Y quien se lo ocultó fue el acusado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia. "No sabía quién era Correa ni si tenía empresas. Jamás hablé con él", remató.

Y se atribuyó de nuevo el mérito de destapar el "caso Gürtel" porque, según su versión, frenó la operación de venta de unas parcelas en Majadahonda que el entonces alcalde, Guillermo Ortega, y dos ediles, Juan José Moreno y José Luis Peñas, los tres procesados, querían llevar a cabo con un precio fijo que permitía la ley, pero muy inferior al mercado, en contra de otros doce ediles. Lo que desencadenó que Peñas llevara el asunto al juez Garzón.