El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó ayer investigar la querella de la Fiscalía contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por licitar la compra de urnas para la consulta que la Generalitat quiere convocar el 1-O, ante los indicios de que pudo incurrir en los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación. El Ejecutivo catalán cree que la querella no tiene "base jurídica".
Paralelamente, el president, Carles Puigdemont, convocó la Junta de Seguridad de Cataluña, que no se reúne desde 2009, para el próximo 3 de julio, ante la "negativa unilateral del Estado", que ha rechazado hasta cinco veces, según él, las fechas propuestas por su Gobierno para celebrarla.
