El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el conocido como caso Cooperación, ha procesado al exconseller Rafael Blasco y veinte personas más por la tercera pieza de esta causa, referente a posibles irregularidades en subvenciones y en la construcción de un hospital en Haití.

En esta pieza separada, que investiga en concreto el supuesto desvío de fondos para la construcción de un hospital en aquel país, se ha procesado a Blasco y a parte de su equipo, que ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es "evidente" el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.

En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano D. Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Dª Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, D. Alfonso Navarro".

La jueza añade que "prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de éstos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes".Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.