Carles Puigdemont ya se ha dirigido por carta a los alcaldes de los 947 municipios catalanes para que confirmen, en el plazo de dos días, la disponibilidad de los locales de votación que fueron utilizados en las ultimas elecciones autonómicas, el 27 de septiembre de 2015. Pero ahora para la consulta independentista del 1-O, convocada la noche del miércoles tras la aprobación de la ley del referéndum y ya suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

En la misiva, Puigdemont y su "número dos", Oriol Junqueras, exponen a los alcaldes que esa ley establece un "régimen jurídico excepcional". Prueba de ello es la advertencia que ayer mismo les hizo a los regidores catalanes, también por carta, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.

El alto cargo del Gobierno de Rajoy les avisa de que el TC ha prohibido "expresamente cualquier acto preparatorio" del referéndum, cuya convocatoria "atenta contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución".

Sin embargo, según informaron la Asociación de Municipios de Cataluña y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), más de 400 alcaldes han dado ya su apoyo a la consulta firmando una copia del decreto de convocatoria.

Pero el éxito del referéndum depende de la votación en las grandes ciudades. Se cuenta con que los territorios gobernados por el PSC no cederán locales. Es el caso de L'Hospitalet, la segunda urbe catalana, y Santa Coloma de Gramenet, así como de Lérida y Tarragona. Badalona, la tercera ciudad más poblada de Cataluña, en la que gobierna Guanyem Badalona en Comú, ya anunció ayer que cederá locales.

La atención está puesta ahora en Barcelona, donde Ada Colau ha pedido al secretario municipal que compruebe la disponibilidad del dispositivo electoral, mostrando, ya vía Twitter, su "plena disposición a facilitar la participación a toda movilización democrática, sin poner en riesgo institución ni funcionarios". Colau gobierna con el PSC, al que ha prometido no hacer nada ilegal. El segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, prometió que la respuesta a la petición de Puigdemont "se adecuará a las leyes y a los tribunales".

Paralelamente, el Govern ha abierto un proceso de selección de voluntarios para el 1-O y colgado toda la información en la web de la Generalitat.