La Fiscalía Anticorrupción cree que el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el "caso Lezo", pudo obtener "informaciones reservadas" y de "interés para los asuntos judiciales" que podían existir contra él por parte de un sector de la policía "no identificado plenamente hasta el momento".
González se reunió en mayo y junio de 2016 con dos personas de la Secretaría de Estado de Seguridad, que podrían ser policías, y también se vio en esas fechas con dos empresarios relacionados con el constructor imputado por las obras de la sede del PP. Estos son algunos de los encuentros que reflejó la Guardia Civil en un informe contenido en el sumario del caso, informó "Efe".
Entre tanto, el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir negó ante el juez del caso saber nada de un pago de 1,4 millones a González por interceder para la adjudicación a su empresa de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid).
