La Fiscalía Anticorrupción pidió en noviembre de 2016 la imputación del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de un sociedad por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por él o por "su gente". El juez rechazó la pretensión de los fiscales por considerar que se desviaba de la investigación de las actividades de Ignacio González en el Canal.
Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez solicitaron al juez del caso Lezo en la Audiencia Nacional que imputara a Gallardón el 29 de noviembre, el mismo día en que, 15 años antes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la compra de la empresa colombiana Inassa. Gracias a esta petición los fiscales pararon la prescripción del delito y en ella hacen un relato pormenorizado de los indicios contra Gallardón, cuyo nombre aparece en conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González atribuyéndole la operación y poniendo en duda su legalidad.
Esta operación la acordó el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por un total de 73 millones de dólares con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.
La Fiscalía considera que el soporte documental que se usó para su aprobación "fue cuando menos insuficiente" y todo apunta a que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón o 'por su gente'".
Esas acusaciones se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 al expresidente madrileño Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".
La petición de imputación de la Fiscalía no fue atendida porque el entonces juez de refuerzo de Eloy Velasco, Alejandro Abascal, consideró que la investigación debía llevarse aparte al no guardar relación con la trama montada por González cuando, años más tarde, llegó al Canal.
