La Policía está lista para detener al presidente catalán, Carles Puigdemont, inmediatamente si declara la independencia en el Parlament, según dos personas conocedroas de los planes del gobierno. Si bien aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se actuará, la Policía Nacional tiene agentes que están listos a actuar si la policía catalana intenta proteger a Puigdemont, dijo una de las personas. Si en su declaración Puigdemont no declara la independencia inmediata, el gobierno de Madrid no tomaría medidas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que utilizará sólo una fuerza proporcional en relación con el gobierno catalán. Sin embargo, la Fiscalía ha estado explorando acusaciones de sedición contra otros líderes separatistas, como los responsables de la ANC y Òmnium Cultural. El delito de sedición conlleva una pena de cárcel de hasta 15 años.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen suficientes efectivos desplegados para hacer frente a cualquier resistencia con la que se puedan encontrar, según una de las mismas fuentes. Ambas personas pidieron no ser identificadas refiriéndose a los planes confidenciales. Un funcionario de prensa del gobierno declinó formular comentarios además de decir que una decisión de este tipo tendría que ser ordenada por un juez.

Puigdemont se dirigirá al Parlament catalán esta tarde y muchos de sus partidarios esperan que anuncie una "república catalana" para seguir adelante con el referéndum celebrado el 1 de octubre. Los principales partidarios de Puigdemont exigen que cumpla con la votación ilegal a favor de la independencia, pero Rajoy ha prometido utilizar todos los medios legales a su disposición para evitar que Cataluña se independice.

Son muchas las conjeturas que se están haciendo durante este martes sobre qué pasará en el caso de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, declaré la independencia de Cataluña. Muchos apuntan que en este caso la detención del presidente catalán será la primera consecuencia directa, aunque lo cierto es que Puigdemont ya está siendo investigado por unas cuantas causas más allá de lo que pueda pasar durante el Pleno.

Los acontecimientos ocurridos hasta el momento suponen ya la posible comisión de otros delitos como desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. Un buen listado al que se añadiría el peor delito de todos, el de rebelión.

¿Qué es el delito de rebelión?

El artículo 472 del Código Penal recoge este delito. Según el mismo "son reos del delito de rebelión los que se alcen violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad".

También serían reos por este delito las personas que "no permitan la libre celebración de elecciones para cargos públicos; quien disuelva las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impida que se reúnan, deliberen o resuelvan, arranquen alguna resolución o sustraigan alguna de sus atribuciones o competencias o sustraigan cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".

Aunque en el caso de Puigdemont el delito se cometería por "declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad".

Si Puigdemont fuese procesado por este delito, podrían caerle hasta 25 años de cárcel, ya que según el artículo 473 del Código Penal las personas que han "promovido" y "sostengan" la rebelión serán castigados con la pena de entre 15 y 25 años de cárcel e inhabilitación por el mismo tiempo. Aunque en el supuesto de que se empleen armas, haya combates, se ejerza la violencia grave contra personas, se causen destrozos en propiedades de titularidad pública o privada, "se exijan contribuciones o distraigan los caudales públicos" o se coarten las comunicaciones "telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase" la pena puede subir hasta los 30 años.

El único delito que se conoce en la historia de España de este tipo es el del exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, por tomar el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. También fueron condenados por lo mismo los mandos que participaron en el intento de Golpe de Estado. Ya que todos los que colaboren en delitos de este tipo serán incluídos en la pena de prisión.