El gobierno debería poner el asunto en manos de la Justicia. Sin tardar más. E intervenir sin que tiemble el pulso. Los constitucionalistas asturianos tienen claro que el escenario que se abre ahora en Cataluña no tiene más salida que la aplicación "especialmente invasiva y dura" de la ley, a decir del catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde. "Han sido hábiles en todo el proceso para llevar la delantera al gobierno del Estado", argumenta el catedrático de la Universidad de Oviedo, quien aprecia en el "avieso" discurso de ayer de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán "un nuevo chantaje": "Tiende la mano al Estado pero, ¿qué hay que negociar ahora: la independencia o la manera de estar en España?". Si bien Villaverde reconoce que el todavía presidente del Parlamento de Cataluña ha sido "estratégicamente muy hábil", en el momento actual no hay otra salida que la aplicación de la Constitución y lo que marca el ordenamiento jurídico español.
Con la ley en la mano, indica Villaverde, la declaración de la república independiente de Cataluña (aunque Puigdemont haya anunciado que queda en suspenso) conlleva automáticamente otra declaración, la del estado de crisis y excepción, por afectar esta decisión a la integridad de España. "Ahora sí tiene sentido la frase vacía de Rajoy: 'Hemos hecho lo que teníamos que hacer'. De momento solo cabe aplicar la ley y una vez que se vuelva a la senda constitucional, se verá", continúa Villaverde en su análisis sobre la sesión de ayer. "Es como una profecía autocumplida", reflexiona ante el desarrollo de los acontecimientos.
La visión de Ramón Punset, también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, es que la suspensión automática de la declaración de independencia representa, en cierto modo, un "engaño lingüístico", probablemente condicionada por el "vértigo" que dominó ayer en las filas del gobierno catalán. En este punto, Punset recurre a las palabras del guionista italiano Ennio Flaiano, buen amigo de Berlanga y Azcona, al ser preguntado por la situación política en Italia hace unas décadas, cuando respondió tajante pero con cierta retranca: "La situación es grave pero no seria". Algo parecido pasa en la política catalana, según Punset. "Pretender ahora un referéndum pactado sin reformar la Constitución no es posible", arguye.
Al final, sostiene el catedrático de Derecho Constitucional, los acontecimientos del día de ayer no son más que "una manifestación de debilidad final en este proceso". ¿Por qué? "No cabe otra decisión si no ha habido declaración de independencia. O se resuelve ahora aprovechando la debilidad de esta gente o cuando más se pudra este asunto, es peor", reivindica Punset. A su juicio, el Gobierno debería poner de inmediato el asunto en manos de la Justicia "porque se está produciendo una delito de sedición a la vista de todos".
Eso sí, advierte Ramón Punset para quienes reclaman la convocatoria urgente de elecciones que no corresponde al Gobierno de España esa decisión sino que debe ser el Parlamento catalán. "Esto está resultando como una comedia de los hermanos Marx", aprecia el catedrático, quien tras participar ayer en una conferencia sobre derechos fundamentales valora como hechos de carácter muy "grave" los pasos dados ante el desafío secesionista de Cataluña.
A Ignacio Villaverde no le convence la suspensión anunciada por Puigdemont. "Estamos todos un poco perplejos", reconoce, al tiempo que juzga "contradictoria" la intervención del President que, sin embargo, "deja en una posición muy complicada es al Estado". "A ver que pasa con el gallego en la Moncloa", ironiza Punset ante la próxima ficha que le toca mover a Mariano Rajoy. "Jurídicamente la intervención de ayer no es un ejercicio de libertad de expresión. Lo que plantea Puigdemont es un delito de sedición, un atentado contra la integridad territorial de España. No se puede hacer caso omiso de eso", dice Villaverde. Jurídicamente no cabe más que la destitución de todo el gobierno catalán, la disolución del Parlamento, y la convocatoria de elecciones" antes de llegar a la declaración del estado de excepción que implica la suspensión de garantías y derechos, y la presencia policial y del Ejército en Cataluña, entre otras medidas. Se hubiera evitado, no obstante, si se hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución hace tres meses, apunta el catedrático de Derecho Constitucional.
El análisis de Benito Aláez, compañero de Villaverde y Punset en el área de Derecho Público de la Universidad, no era favorable en un primer momento a aplicar el artículo 155. A su juicio, "cuando a las personas a las que se les aplica la ley son desobedientes civiles pacíficos, el coste jurídico es enorme. Sólo hay que escuchar la declaración de la Comisión Europea, que dijo que la violencia no está justificada en ninguna materia política", reflexionaba hace escasas fechas en las páginas de este diario.
Aláez cree que la opinión pública internacional no entiende la rigidez del Estado y una intervención de la autonomía catalana -justo lo que recoge el artículo 155- generaría "un probable movimiento social, que haría de escudo humano para evitar las expulsiones de políticos". En consecuencia, en ese contexto, "el Estado estaría en otra situación bochornosa" como la del domingo 1 de octubre cuando se celebró el referéndum. Por tanto, el profesor de Derecho aboga por reformar la Constitución Española de tal manera que autorice la celebración de un referéndum "no sólo legal, sino además con mayoría cualificada y ratificación en al menos dos votaciones, como sucede en el resto de la Unión Europa". Así, "nos evitaríamos la violencia", apunta Aláez, quien, no obstante, recuerda que los políticos catalanes tendrían que ser pacientes, pues este se presenta como un proceso largo.
