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El falso expolio fiscal de la rica Cataluña

Madrid y otras regiones presentan peores saldos incluso siendo más pobres

El falso expolio fiscal de la rica Cataluña

El discurso económico del independentismo está construido a partir de la denuncia -amplificada por los gobiernos de Artur Mas durante la Gran Recesión en un contexto de gran dificultad financiera de la Generalitat por su altísima deuda pública (50.000 millones de euros en 2012, hoy ya 76.000)- de que los catalanes sufren dentro de España un tratamiento fiscal injusto y discriminatorio. Esa incomodidad económica del nacionalismo catalán, traducida en informes y cifras de expertos generalmente afines que otros expertos cuestionan, colisiona con los criterios de equidad y solidaridad que constitucionalmente deben guiar el reparto de los ingresos y los gastos públicos en España. Un modelo imperfecto y con asimetrías (los privilegios forales del País Vasco y de Navarra, sobre todo) que por otra parte alimentan el victimismo de una parte de los catalanes.

¿Quiénes pagan más en el reparto fiscal de España? La respuesta no tendría que ser territorial, sino relativa a los individuos, y se infiere del artículo 31 de la Carta Magna. Su primer punto dice: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". El segundo añade: "El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía". La respuesta constitucional es que, tratándose de un sistema impositivo progresivo y equitativo (tratar igual a quienes están en igual situación), deben tributar más aquellos que tienen mayor capacidad económica. Llevado a la dimensión territorial, supone que cuanto más ricos sean los habitantes de una comunidad, mayor tiene que ser la aportación agregada de ésta al sostenimiento del gasto público global.

Las cuentas del producto interior bruto (PIB) por habitante (indicador de dinamismo económico) sugieren que las regiones con los mayores niveles de riqueza son Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Los datos sobre declaraciones de la renta o remuneración media de los asalariados confirman ese orden. Son los más ricos y los que sobre el papel deberían contribuir más, pero no ocurre de ese modo en todos los casos.

Sin entrar en la controversia sobre los resultados de las balanzas fiscales, disímiles según la metodología que se utilice, los cálculos que para el Ministerio de Hacienda hace periódicamente el economista asturiano Ángel de la Fuente identifican a las comunidades que son contribuyentes netas del Estado, aquellas cuyos ciudadanos aportan de forma agregada más en impuestos de lo que también como conjunto reciben en financiación para servicios públicos, en pensiones, inversiones, transferencias...Son cuatro: Madrid, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana.

La importancia del saldo fiscal negativo, medida como porcentaje del PIB regional, está encabezada por Madrid (9,2% de media anual) y seguida por Baleares (6,3%), Cataluña (5%) y la Comunidad Valenciana (2,1%). La primera anomalía que dejan ver esos resultados es la posición de Valencia. No forma parte de las comunidades ricas (su PIB per cápita es inferior a la media y ligeramente superior al de Asturias), pero sus ciudadanos son contribuyentes netos. También llama la atención que Baleares tiene peor saldo que Cataluña, aunque su riqueza media es menor.

Pero la principal distorsión corresponde al País Vasco y Navarra: son la segunda y la tercera comunidad por nivel de riqueza, pero presentan saldos fiscales favorables. Esos resultados son el reflejo de los privilegios del sistema foral de financiación: vascos y navarros disponen de ventajas tributarias (una presión fiscal más baja) y a la vez tienen más recursos para sus políticas autonómicas (en el caso vasco, porque el cupo que se paga al Estado está infraestimado en varios miles de millones, cantidad que por lo tanto financian el resto de los españoles).

De la Fuente hace otra operación que se centra en la financiación y las peculiaridades tributarias autonómicas y en otras partidas como el reparto de la inversión en infraestructuras. Su propósito es identificar aquella parte de los saldos fiscales que "cabría considerar potencialmente preocupante por cuanto podría reflejar diferencias de trato entre colectivos de ciudadanos con iguales derechos y necesidades similares". En esa cuenta tampoco hay rastro del expolio singular que denuncia Cataluña, aunque sí de la posición privilegiada de vascos y navarros. Las comunidades con mayores déficits son Valencia (-702 euros por habitante), Murcia (-569), Andalucía (-358), Madrid (-247), Cataluña (-207 ) y Baleares (-202). Las más beneficiadas, además de Ceuta y Melilla, son el País Vasco (2.194 euros por habitante) y Navarra (1.342).

Con una deuda autonómica entonces de 50.000 millones de euros y tras haber aumentado un 30% el personal de la Generalitat en una década, Artur Mas exigió en 2012 para Cataluña una financiación preferente (el llamado "Pacto fiscal", remedo del sistema vasco de cupo). Se le denegó, amplificó el volumen del "España nos roba" y luego vino todo lo demás.

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