El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra el diputado de Podemos Diego Cañamero por un posible delito de coacciones cometido como parte de un piquete durante una huelga de basuras convocada en el pueblo sevillano de El Coronil en 2013.
Cañamero actuó como secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores y, en calidad de tal, podría haber impedido el ejercicio del trabajo a quienes no querían acudir a la huelga, según una exposición razonada enviada por un juzgado de Utrera (Sevilla). La Sala ha nombrado instructor de la causa al magistrado Andrés Palomo del Arco, además de mantener la investigación relativa a los no aforados en el Juzgado de Utrera.
En un auto, afirma que la exposición razonada enviada por dicho juzgado recoge hechos "que pudieran ser delictivos y que aparecen respaldados por concretas diligencias de prueba de las que puede inferirse la participación en ellos" del aforado. En concreto, indica que el juzgado de instrucción sugiere delitos de coacciones para iniciar o continuar una huelga y de resistencia a la autoridad.
En dicha exposición razonada, se atribuye a Diego Cañamero la convocatoria como secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de una huelga en el servicio de recogida de basuras, con fecha de inicio el 8 de enero de 2013, que fue autorizada por la Consejería de Economía, que fijó unos servicios mínimos.
Durante los días de huelga, siempre según la exposición razonada, grupos de entre 25 y 80 piquetes del sindicato impidieron a los trabajadores cumplir con los servicios mínimos establecidos, pese a que no secundaron la misma y acudieron a sus puestos de trabajo.
Actuaron -prosigue- de forma coactiva y persistente al impedir la salida de los camiones, sentándose en el suelo delante y presionándoles para que no salieran a recoger la basura, provocando la baja laboral de todos ellos ante la presión sufrida.
Posteriormente, el 8 de febrero de 2013, según la exposición razonada, Diego Cañamero y otros de los investigados cortaron el tráfico en la carretera que une Utrera y El Coronil para impedir que los tres camiones de una empresa externa, que fue contratada por el Ayuntamiento para realizar el servicio, pudieran realizar su trabajo.
El juzgado también recogió en su exposición razonada que la huelga continuó hasta marzo de 2013 y que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tuvo que declarar en varias ocasiones la existencia de riesgo sanitario para la salud pública en todos los puntos de recogida de basura de El Coronil.
