El juicio por la mayor trama de corrupción sacada a la luz hasta ahora en el País Vasco, el llamado "caso De Miguel", comenzó ayer en Vitoria. Un total de 26 personas, entre ellas varios antiguos dirigentes del PNV alavés, se sientan en el banquillo. Hacen frente a peticiones de pena de 7 a 54 años por su presunta vinculación con una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos de obra pública por parte de instituciones gobernadas por el PNV. La causa judicial se inició en 2009 a partir de la denuncia de una empresaria contra la trama, que estuvo activa al menos entre 2005 y 2009.
A la cabeza de los acusados figura el que fuera "número dos" del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, a quien la Fiscalía considera el "dirigente" de la trama y para el que pide más de 54 años de cárcel. Junto a De Miguel se sientan en el banquillo otros destacados exdirigentes del PNV como Aitor Telleria y Luis Felipe (Koldo) Ochandiano, para cada uno de los cuales el fiscal reclama 32 años de prisión. Se espera que el juicio, en el que declararán unas 150 personas, entre procesados, peritos y testigos, se prolongue unos diez meses.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, sostiene en su escrito de acusación que De Miguel "ideó la creación", en una fecha indeterminada anterior a 2005, de "un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo". El plan para llevar a cabo las actuaciones, prosigue el escrito del fiscal, "fue acordado" por De Miguel y su esposa, Ainhoa Bilbao Lasa; Telleria y su esposa, Araceli Bajo López; y Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.
De Miguel, según el fiscal, "aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades" políticas, utilizó este entramado "para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y el de terceras personas".
La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en la causa se encuentran, además, blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias.
En la sesión inicial del juicio, la defensa de De Miguel solicitó la nulidad total del procedimiento alegando la "vulneración" de los derechos de su representado y la posible "manipulación" de la grabación que propició el inicio de las investigaciones.
La defensa cita entre los derechos supuestamente conculcados los de intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Respecto a la manipulación de la grabación, el abogado de De Miguel añade que la cadena de custodia que debía mantenerse en torno a ella fue "vulnerada" durante el procedimiento, por lo que considera que la prueba está "contaminada" y carece de "credibilidad". La Fiscalía ha propuesto que se cite a un ertzaina para que acredite el mantenimiento de la custodia.
El PNV intentó ayer desmarcarse de los hecho enjuiciados. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, defendió que la postura de su partido le "distingue" de otras formaciones, ya que "desde el primer momento" solicitó a los acusados la devolución del carné del PNV. Esteban sostuvo que no se juzga "una presunta trama de corrupción" del PNV sino "actuaciones individuales".
