El exvicesecretario de Organización del PP en la Comunitdad Valenciana, David Serra y Ricardo Costa, quien fuera el número dos y mano derecha del exjefe del Consell Francisco Camps, han sido los primeros en llegar a la sede de la Audiencia Nacional, donde a partir de este lunes se celebra el juicio sobre la financiación del PP valenciano. Costa lo ha hecho acompañado por su mujer, la alicantina Laura Chorro, directora General de Familia y Mujer, y ha manifestado que los delitos electorales de los que se le acusa están prescritos.
Sólo unos minutos después ha llegado el empresario alicantino Enrique Ortiz, quien ya confesó en 2016 la financiación ilegal del PPCV para evitar la cárcel. Ortiz ha pedido que que se le exima de estar presente en el juicio una vez haya declarado.
Las defensas de los empresarios han pedido a la Fiscalía que aclare que las penas se sustituyen por multa. Se ratifican en la confesión de los hechos y en renunciar a la prueba siempre que la fiscal cumpla el pacto.
También ha declarado el popular Vicente Rambla. El exconseller ha manifestado que no se ha concretado de qué falsedad documental se le acusa.
A las puertas de la Audiencia Nacional decenas de periodistas cubren el inicio del juicio la financiación ilegal del PP.
En la primera fila del banquillo de los acusados se sientan Francisco Correa, Pablo Crespo y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', quienes ya están en prisión cumpliendo condena por amañar los contratos públicos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009.
En segunda fila se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; el exsecretario general del PPCV y exdiputado regional, Ricardo Costa, acompañados de otros exdirigentes 'populares' y empresarios. El exsecretario general del PPCV y exdiputado regional David Serra se sienta en la tercera fila.
Ha sido la fiscal Myriam Segura la que ha comenzado a relatar los hechos por lo que acusa a 19 personas -uno de ellos sólo es acusado por la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano- y ha anunciado la supresión del delito electoral relativo a las elecciones municipales de 2007 correspondiente a Rambla. En cuanto a Correa, si se prueba que durante la celebración del juicio colabora con la justicia, tal y como él mismo anunció, Fiscalía atenderá a aplicar atenuantes en su petición de pena.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press, que el líder de la trama corrupta ha renunciado a presentar cuestiones previas, al igual que hizo en el primer juicio que celebró la Audiencia Nacional sobre la red corrupta, la relativa a los primeros años de actividades (1999-2005).
Pago en negro en actos de campaña
Unos días antes de inicio de la vista oral, Correa hizo llegar un escrito al juez José María Vázquez Honrubia en el que busca que la Fiscalía Anticorrupción rebaje su petición de pena para él. Para ello ha reconocido hechos como que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.
"El pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en 'b' y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas", explica Correa en un escrito.
Por otra parte, nueve de los empresarios acusados también reconocieron haber financiado forma irregular a la formación política, por lo que han alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público y han aceptado penas de entre 15 y 21 meses.
La Fiscalía solicita para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión y 27 años para 'El Bigotes' por delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y delitos fiscales. Para los exaltos cargos del PP valenciano interesa la pena de siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García y para Rambla, para quien se ha modificado la acusación.
El fiscal recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que "aprovechó" el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.
"Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron con la mercantil Orange Market S.L. servicios que abonaron de manera irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, los pagos no quedaron reflejados en facturación y en contabilidad. (...) Aparte de infringir la genérica prohibición legal de abono de gastos de los partidos políticos por parte de terceras personas, quienes abonaron a Orange Market parte de esos servicios eran grupos empresariales que, por tener contratos con las Administraciones Públicas, no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por ese motivo, los pagos que se hicieron a Orange Market de la deuda que con dicha sociedad tenía el partido político por su trabajo en Valencia se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado la sociedad a aquellos, pero que realmente no se habían producido".
Éste es el tronco argumental que sostiene la Fiscalía Anticorrupción y por el que a partir de hoy se van a sentar ante el magistrado de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia cinco exdirigentes del PP en la Comunidad, otros cinco miembros de la trama corrupta Gürtel y diez empresarios que ya han confesado esos pagos ilegales al partido. Un admisión de los hechos que inició el promotor de Alicante Enrique Ortiz en el marco de un acuerdo con la acusación pública por la que ésta ha pasado de solicitar para los empresarios penas de prisión que en algunos casos llegaban hasta los seis años a pactar una condena dineraria: multas y responsabilidad civil que todos han abonado.
Estrategia
Una estrategia a la que en el último momento se ha sumado el cabecilla de la trama, Francisco Correa, (aunque en su caso el pacto está aún en el aire y eso que no sólo ha confesado los pagos sino que ha implicado al exjefe del Consell Francisco Camps) pero que no apunta a que vayan a seguir los exdirigentes populares encausados.
Los cinco políticos (los exparlamentarios Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y las exgerentes de la formación Yolanda García y Cristina Ibáñez) insisten en negar los hechos y en declarar que nada sabían del modo en que se financiaba el partido pese al papel que desempeñaban en la formación. Una táctica que, a la vista de lo confesado por la mitad de los acusados, no parece en principio la más acertada.
Durante la vista oral, que no concluirá hasta los primeros días de abril, están citados como testigos el alcalde de Crevillent y vicepresidente de la Diputación, César Augusto Asencio, la exalcalde de Elche y diputada provincial Mercedes Alonso, la exprimer edil de Elda y senadora del PP Adela Pedrosa y el exconseller de Economía y actual diputado nacional Gerardo Camps, entre otros.
