La consejera valenciana de Vivienda, María José Salvador, autorizó ayer a la Abogacía de la Generalitat para que ejercite "cuantas acciones resulten pertinentes" para "defender los intereses públicos" y que se persone en la nueva causa que investiga la construcción del circuito de F-1.
La decisión se produce después de que este miércoles el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia citara a declarar a los imputados en el procedimiento judicial abierto en relación con adjudicaciones realizadas en 2007 y 2008.
Entre los imputados figura el expresidente Francisco Camps y varios cargos públicos de la época en que el PP estaba al frente de la Generalitat valenciana.
