El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha explicado esta tarde en una visita a Asturias que no puede basar la petición de una orden internacional de arresto para la exdiputada de la CUP Ana Gabriel "en base a sospechas". "No se trata de pedir colaboración a otros países sobre sospechas sino sobre una investigación terminada en la que se vea un comportamiento delictivo", aseveró en declaraciones a los medios en una jornada sobre "Delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas" a la que acudió en el hotel Reconquista, en Oviedo.

"La voluntad es acelerar la instrucción en España porque es un tema del que está pendiente la sociedad española y también la sociedad catalana", comentó. El magistrado también señaló que trataría de "restringir al máximo la prisión preventiva". En este momento, tal como informo hay 30 investigados y cuatro personas en prisión.

La Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado que se dictara auto de prisión contra la exdiputada y, una vez acordada, se procediera a cursar la orden de busca y captura internacional y su detención preventiva, a los efectos de cursar la posterior demanda de extradición a Suiza.

También había pedido orden de detención la acusación popular en la causa del 'procés', ejercida por Vox, tras constatar a primera hora de esta mañana que Gabriel plantaba al juez y evitaba ser interrogada por presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el 'procés' que culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

En su auto, de apenas dos páginas, Llarena explica su decisión en virtud del articulo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que este tipo de incomparecencias sin causa pueden convertirse en orden de detención. Contra el auto cabe recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días.

Se trata de la segunda ocasión en la que Llarena rechaza cursar órdenes internacionales en relación con este procedimiento que habían sido instadas por Fiscalía. La orden internacional de detención contra el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exmiembros del Govern que le acompañan en Bélgica fue dictada inicialmente por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, si bien cuando la causa llegó al Supremo Llarena dejó sólo en vigor la orden a nivel nacional y posteriormente se negó a activar la internacional con ocasión de un viaje del expresident a Dinamarca.