La Abogacía del Estado alberga la "sospecha razonable" de que la Generalitat usó parte de los 28.534 millones de la financiación autonómica del año pasado para costear el referéndum ilegal del 1 de octubre. Así lo hace constar en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización y celebración de la consulta. Se trata del mismo juzgado que el jueves ordenó registrar el despacho en el Palau de la Generalitat de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana, destituido ayer por el Gobierno.
La Abogacía del Estado justifica su personación en la causa por entender que en los preparativos del referéndum pudo haber malversación de fondos públicos, y recuerda un informe de la Guardia Civil del pasado 21 de noviembre en el que se acredita un gasto de medio millón de euros en publicidad para la consulta, informa "Europa Press".
Alega, pues, que el perjuicio causado al Estado se deriva del "presumible desvío de fondos" sometidos a control por parte del Estado, a través de los diferentes mecanismos de financiación de la comunidad autónoma. El representante del Estado explica que en la actual fase sumarial existe una "sospecha razonable" de que en la preparación y ejecución del referéndum ilegal del 1-O pudieron haberse empleado "fondos públicos".
En este sentido, recalca la condición de "perjudicado" por parte del Estado y dice que ésta se derivaría del "posible incumplimiento de las finalidades específicas para las que se habían asignado tales recursos por el Estado; o también por el incumplimiento o alteración de los instrumentos de control establecido".
En su conjunto, Cataluña recibió en 2017 un total de 28.534 millones, de los que 18.717 provienen del sistema de financiación autonómica; 7.757 millones de los mecanismos adicionales de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica y 2.060 millones de cantidades finalistas por créditos asignados en los Presupuestos del Estado en 2017, conferencias sectoriales, convenios y fondos comunitarios.
Entre tanto, el Gobierno destituyó este viernes al secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, amparándose en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Molons está siendo investigado por posibles pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre, según informaron fuentes del Ejecutivo.
Molons, detenido durante el registro de su despacho, quedó después en libertad con cargos por presunta desobediencia y malversación, tras negarse a declarar ante la Guardia Civil.
