Este miércoles, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebra una vista en la que los jueces escucharán los argumentos presentados por la Fiscalía y por las defensas de varios de los condenados en el caso Nóos, entre ellos Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. A la espera de conocer si el marido de la Infanta Cristina va o no a la cárcel - la decisión del TS se retrasará varias semanas -, éste se guarda una jugada que podría ayudarle a esquivar las rejas.
El as en la manga del exduque de Palma es el perito que usó el juez José Castro, instructor de Nóos, para investigar las irregularidades del Palma Arena. El arquitecto Rafael Balaguer confesó que trabajó con el magistrado antes de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella por el desafase del presupuesto del velódromo el 26 de agosto de 2008 en el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma (finalmente el proceso recaería en el número 3 que dirigía Castro).
Esto significa que no se habían incoado diligencias cuando comenzaron las pesquisas del caso Palma Arena. El procedimiento matriz de Nóos se habría puesto así en marcha antes de tiempo, lo que supondría una vulneración del derecho al juez imparcial que fija la Constitución y la contaminación de actuaciones posteriores, poniéndolas en riesgo de ser anuladas.
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Además, Balaguer admitió que no había sido designado oficialmente como perito y que elaboró un primer informe en 2008, tras unos encuentros "informales" con Castro, sobre las presuntas irregularidades del Palma Arena cuando todavía era un asunto que no estaba siendo investigado judicialmente.
Precedente del último juicio del Palma Arena
A todo esto se aferra la defensa de Iñaki Urdangarin para pedir la anulación del proceso y que su cliente no vaya a prisión. No obstante, según informó El Mundo, existe el precedente del último juicio del velódromo, en el que la defensa del expresidente balear Jaume Matas pidió la nulidad de las actuaciones precisamente por haberse vulnerado el derecho a un juez imparcial. Aunque se tildó la cuestión de "relevante", el tribunal no la aceptó para anular la última pieza juzgada.
Las reuniones entre Castro y Balaguer, en cambio, se admitieron como "criticables", lo que abre la puerta a que la defensa solicite un nuevo proceso y la revisión de la futura sentencia del Tribunal Supremo.
Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión frente a los 19 que pedía la Fiscalía, y Torres a ocho años, aunque el Ministerio Público pedía 16 y medio, por diversos delitos, entre ellos prevaricación, malversación y fraude, cuando estaban al frente del Instituto Nóos.
Los dos fueron absueltos de los delitos de blanqueo y estafa, y en el trámite de casación ante el alto tribunal el Ministerio Público interesa un incremento de sus condenas, que llega hasta los 10 años de cárcel en el caso de Urdangarin y 12 años y cuatro meses para Torres. Del resultado de la vista de este miércoles depende que entren o no en prisión.
