El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea dejó ayer en libertad provisional, aunque con comparecencias semanales en el juzgado, a la presunta cabecilla de los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR), Tamara C. G., a quien retiró los delitos de rebelión y terrorismo por los que se la investigaba y le imputa sólo un delito de desórdenes públicos. Se trata de un tipo penal sobre el que no es competente la Audiencia Nacional, por lo que el caso podría terminar en un juzgado de instrucción de Cataluña.

El juez desoye así la petición de la Fiscalía: prisión incondicional "por delitos cometidos con finalidad de rebelión", por la gravedad de las penas que se le imputa, por la posibilidad de destrucción de pruebas y ante el riesgo de reiteración delictiva.

El delito de desórdenes públicos está tipificado con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y, en su vertiente agravada (con uso de armas, explosivos o máscaras, o en el marco de una manifestación), con hasta 6 años de cárcel.