La Generalitat se sumó ayer a la demanda contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por destinar fondos públicos a la consulta del 9-N y pide al Tribunal de Cuentas que le condene a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta, junto a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau. El gabinete jurídico de la Generalitat, intervenida ahora por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, formuló ayer demanda de reclamación ante el Tribunal de Cuentas y rectifica así la posición que mantuvo al inicio del proceso, cuando no apreció responsabilidad contable del Govern en el 9-N. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguraba ayer que se trata de una iniciativa propia de la administración catalana y no una imposición por el Estado.
