La Comisión que investiga las alegaciones de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha dicho que hay "fuertes sospechas" de que el senador valenciano del PP y expresidente de este organismo Pedro Agramunt "fue parte de una actividad corrupta", aunque "no tiene evidencias claras".
En un informe de casi 220 páginas, la comisión destaca el "apoyo muy claro" de Agramunt a los intereses de Azerbaiyán, su "papel clave" en decisiones favorables a ese país y su intervención "para suavizar las críticas hacia las autoridades azeríes".
Así, señala que la campaña de Agramunt para alcanzar la presidencia del grupo del Partido Popular Europeo en la APCE "parece que fue dirigida por Muslum Mammadov, quien fue lobista para Azerbaiyán".
También destaca el "estrecho contacto" con el expresidente del Grupo del PPE en la APCE Luca Volonté "en sus actividades para socavar el informe Strässer", resolución que denunciaba la situación de los presos políticos en Azerbaiyán y que fue tumbada el 23 de enero de 2013 en sesión plenaria.
Agramunt fue presidente de la APCE entre enero de 2016 y octubre de 2017, cuando abandonó después de meses de la polémica visita a Siria con parlamentarios rusos en la que se entrevistó con el presidente Bachar al Asad. En todo caso, su mandato acababa ya y en la sesión de enero de la asamblea debía estar ya un nuevo presidente.
El italiano Volonté y los exparlamentarios azeríes Mammadov y Elkham Suleymanov sí son señalados por el informe de estar "involucrados en actividades corruptas", en el caso del primero y el tercero "infringiendo seriamente el código de conducta de la Asamblea". Volonté fue acusado en Italia de recibir varios pagos periódicos de las autoridades de Azerbaiyán durante 2013 y 2014.
La comisión externa e independiente está compuesta por tres exjueces europeos, el británico Nicholas Bratza, el francés Jean-Louis Bruguière y la sueca Elisabet Fura, e inició sus trabajos el pasado junio. La actuación se inició después de diversas informaciones sobre la llamada "diplomacia del caviar".
Han escuchado medio centenar de testimonios de parlamentarios, miembros de la Secretaría de la APCE, periodistas e integrantes de la sociedad civil.
El presidente de la APCE, Michele Nicoletti, anunció el pasado domingo que remitirá el informe a la Comisión de reglamento para que decida las sanciones individuales a imponer a los parlamentarios que hayan vulnerado el Código de conducta.
El informe cita los nombres de algunos parlamentarios actuales o antiguos sobre los que se ha descartado una conducta irregular. Entre ellos, el diputado del PDeCAT Jordi Xuclà y el ex parlamentario popular Agustín Conde, actual secretario de Estado de Defensa. Xuclà fue otro de los parlamentarios de la expedición a Siria.
Las alegaciones de corrupción en la APCE comenzaron en mayo de 2012 con la publicación de un informe del think-tank de Berlín European Stability Initiative que llevaba por título "Diplomacia del caviar: cómo Azerbaiyán silenció al Consejo de Europa".
Agramunt: El informe está basado en "falsedades"
Agramunt aseguró que el informe que le involucra en actividades corruptas está basado en "falsedades", por lo que estudia la posibilidad de emprender acciones legales para proteger su honor.
En un comunicado enviado hoy a Efe, el senador valenciano del PP reaccionó así al informe de la comisión externa e independiente que investiga las alegaciones de corrupción en la APCE, y según la cual hay "fuertes sospechas" de que el político español del Partido Popular "fue parte de una actividad corrupta" aunque "no tiene evidencias claras".
La comisión destacó en ese informe que Agramunt dio un "apoyo muy claro" a los intereses de Azerbaiyán, que tuvo un "papel clave" en decisiones favorables a ese país miembro del Consejo de Europa e intervino "para suavizar las críticas hacia las autoridades azeríes".
"El relato y las conclusiones del informe suponen el mayor ataque a los derechos civiles de cualquier individuo en un Estado de derecho, proveniente de personas que se suponen son los que han de defender los derechos humanos", se quejó Agramunt.
Cargó contra el contenido del informe, porque "traspasa todos los límites del Estado de Derecho y los estándares mínimos de la democracia" y "se acusa, se juzga, se condena y se ejecuta, sin iniciarse procedimiento contradictorio alguno".
