El exgerente de la empresa colombiana Inassa Diego García Arias confirmó ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se repartió comisiones ilegales por valor de casi 5,5 millones de euros con el expresidente madrileño Ignacio González y el presunto testaferro de éste en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, por la compra de otra compañía, la brasileña Emissao, en 2013. A González no le ingresaron directamente la comisión porque en 2013 ya estaba siendo investigado por la compra de su ático en Estepona (Málaga) y el dinero se traspasó a Rodríguez Sobrino. Al expresidente le asignaron 1,8 millones en el reparto. Los investigadores encontraron parte de esas comisiones en el apartamento de Rodríguez Sobrino en Barranquilla.