El Gobierno asturiano tiene clara la hoja de ruta que trasladará al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se conocerá esta próxima semana. La agenda será idéntica a la planteada a Mariano Rajoy porque aunque la Moncloa haya cambiado de inquilino las prioridades del Principado son las mismas. Javier Fernández juzga "claves" para la región la reforma del sistema de financiación y blindar las térmicas.

"Asturias tiene ante sí los mismos desafíos, en materia de financiación autonómica, de energía, minería, infraestructuras... Dos son claves: la financiación autonómica que afecta al conjunto de España y la amenaza de cierre sobre las térmicas, vinculada a la programación energética en general", contestó el presidente del Principado a este periódico sobre las prioridades que trasladará al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Javier Fernández aseguró que su Ejecutivo planteará sus posiciones "con el mismo rigor y la misma voluntad de cooperación y lealtad institucional con la que se ha hecho hasta ahora". El presidente del Principado mostró su convencimiento de que habrá "una muy buena interlocución con el nuevo Ejecutivo de España" porque, recalcó, "somos dos gobiernos socialistas". Una idea en la que también han coincidido las dos asturianas que forman parte de la ejecutiva federal del PSOE, la vicesecretaria general, Adriana Lastra y la secretaria federal de Sanidad, María Luisa Carcedo, distanciadas de Javier Fernández sobre todo después del paso del presidente asturiano por la gestora que capitaneó la abstención de los diputados socialistas allanando la investidura de Mariano Rajoy en 2016.

El futuro inmediato de las centrales térmicas de carbón ha supuesto meses atrás motivo de fricción entre el Gobierno regional y la ejecutiva federal socialista, sobre todo con Cristina Narbona. El Ejecutivo asturiano siempre ha defendido la continuidad de las térmicas así como la existencia de una regulación que impida a las empresas eléctricas decidir su cierre de manera unilateral por los diversos impactos que tendría, tanto en destrucción de empleo y actividad como en el precio de electricidad para la industria electrointensiva y para las familias.