El expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers huidos a Bélgica han anunciado hoy que ha interpuesto una demanda contra el juez Pablo Llarena, coincidiendo con la visita de los nuevos consellers a sus respectivos predecesores en Bruselas y en la cárcel de Estremera.

Puigdemont y los exconsellers ha abierto así un nuevo frente judicial a través de esta demanda civil y, en paralelo, han presentado una petición al Tribunal Supremo (TS) para que Llarena sea recusado.

El equipo de la defensa alega que Llarena, al estar ahora afectado por esa demanda civil, ya no puede seguir con la instrucción del caso del "procés", porque entienden que no puede trabajar en causas contra personas con las que tiene un pleito pendiente.

Uno de los abogados de los demandantes, Christophe Marchand, ha explicado en Bruselas que la petición de la Justicia belga a Llarena será la de comparecer el próximo 4 de septiembre, aunque ha dicho desconocer cuándo recibirá la solicitud el magistrado del TS.

Las dos acciones judiciales en Bélgica y España son consecuencia de que, en su opinión, el juez Llarena no respeta "su derecho a la presunción de inocencia" porque "no es imparcial", ha indicado el exconseller Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de los que están en Bélgica y sus equipos legales.

La exconsellera Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania han participado en la rueda de prensa por videoconferencia.

"No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", ha subrayado el líder del JxCat, que ha evitado contestar a la pregunta de si el cambio de Gobierno podría afectar a su situación jurídica, pues se encuentra pendiente de extradición en Alemania.