El "peligro de deslocalización por la regulación energética europea" está entre las principales amenazas que encaran las empresas industriales asturianas, según se refleja en documentos elaborados por encargo del Gobierno regional, la patronal FADE y los sindicatos CC OO y UGT a través del llamado Foro por la Industria. Un resumen de esos trabajos al que tuvo acceso este diario certifica que el precio y la "inestabilidad normativa" en materia de electricidad inquieta sobremanera en sectores como el químico y el metalúrgico.
Grupos de trabajo formados por representantes de la Consejería de Empleo e Industria y de los agentes sociales, empresas y expertos elaboraron durante los últimos meses un "análisis DAFO" para determinar las debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades que presentan cinco subsectores de la industria asturiana: el químico (2.619 trabajadores y 106 empresas en 2016), transformación de materiales (10.105 empleos directos y 185 empresas, entre ellas las grandes metalúrgicas), fabricaciones metálicas (8.420 empleos y 698 empresas), economía circular (2.670 empleos y 108 empresas en actividades ligadas al reciclaje y otras medioambientales) y el energético (1.678 empleos y 126 empresas).
Las conclusiones del informe fueron presentadas el día 28 de mayo en el Foro por la Industria, antes de que se produjera el relevo del PP por el PSOE en el Gobierno central y de la creación de un Ministerio de Transición Ecológica pilotado por Teresa Ribera. En la agenda de este departamento figura un cambio en la política energética que supone una apuesta más ambiciosa por las energías renovables y el cierre en pocos años -con compensaciones para los territorios para conseguir una "transición energética justa"- de las térmicas de carbón (en 2025, según informes del PSOE nacional) y de las centrales nucleares (antes de 2030). Según el criterio del Principado y del anterior Gobierno, algo así elevaría el precio de la luz y dañará la competitividad de la industria.
La información recogida por el Foro no entra en el detalle acerca de cuál debe ser la política energética, pero deja ver que el precio de la electricidad es de la máxima relevancia para las empresas. Aparece entre las cinco principales amenazas identificadas: "competencia de países en desarrollo con menores costes regulatorios y laborales"; "peligro de deslocalización industrial por la regulación energética europea"; "dificultades económicas para cumplir las crecientes exigencias ambientales", "incumplimiento por parte del Estado de los compromisos de inversión para Asturias" (en alusión a las infraestructuras) y "aparición de nuevos materiales sustitutivos a precios más bajos".
"El precio de la electricidad para nuestras industrias tiene que ser competitivo al menos respecto a los países de nuestro entorno", comentó a este diario el consejero de Empleo, Isaac Pola, al hilo del informe del Foro por la Industria. ¿Cómo es ahora ese precio de la electricidad? Según la oficina estadística de la UE, el coste medio del kilovatio para el sector fabril fue en España en 2017 el cuatro más alto de la UE (ver gráfico) y superó los que tienen países cuyas empresas compiten con las asturianas en el mercado global, como Alemania y Francia, con tarifas medias un 25% inferiores.
¿Cómo evolucionarán esos precios si la política energética del nuevo Gobierno vira hacia una expansión rauda de las tecnologías renovables y hacia el cierre planificado pero también rápido de las térmicas de carbón y las nucleares? Hay opiniones disímiles. Basándose en el funcionamiento actual del mercado ("marginalista") y a partir de la experiencia de las últimas décadas, el anterior Ejecutivo central del PP y el asturiano del socialista Javier Fernández aseguran que los precios subirían significativamente (hasta un 25% sin térmicas y nucleares).
Utilizando modelos matemáticos y considerando el efecto de ciertos cambios regulatorios que se plantean (ajustes en el mercado diario y en las subastas para el despliegue de las tecnologías renovables), los expertos que asesoran al PSOE nacional sostienen que achatarrar las centrales carboneras y las atómicas y redoblar la apuesta por la generación limpia rebajaría el recibo en lugar de encarecerlo, en parte porque los avances tecnológicos han abaratado significativamente las inversiones que requieren las plantas fotovoltaicas y eólicas. Esos mismos expertos vislumbran que los costes de las térmicas dejarán de ser competitivos en pocos años con el encarecimiento de la penalización económica que tienen por emitir CO2 (endurecimiento del denominado comercio de emisiones desde 2020). Otro cambio que viene de Europa y que también compromete la capacidad de competir de la industria asturiana.
