El Gobierno no adoptará ninguna decisión sobre el posible traslado de los líderes catalanes encarcelados hasta que el juez Llarena concluya la instrucción de la causa sobre el proceso secesionistas catalán. El Ejecutivo intenta enfriar así el desacuerdo entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien atribuye la decisión sobre los presos independentistas al juez que lleva su procesamiento, y el magistrado del Tribunal Supremo, quien atribuye a Instituciones Penitenciarias la decisión última sobre el lugar en el que los encausados deben permanecer en prisión preventiva.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, eludió ayer entrar al fondo del asunto al señalar que esas discrepancias son "una cuestión de matices". Por su propia seguridad y para facilitar el trabajo del juez de instrucción, los presos preventivos están cerca y a disposición de quien lleva su causa. Una vez acabadas las diligencias, la responsabilidad es de Instituciones Penitenciarias, argumentaba ayer la portavoz del Gobierno. Una vez que se complete la instrucción sobre el proceso secesionista en el Tribunal Supremo, algo que ya está próximo, se evaluará la situación de los presos preventivos que solicitaron su traslado a cárceles catalanas y "se actuará para bien de todos", según Celaá.
Resolver la situación de los presos independentistas es la primera reclamación de las formaciones catalanas que votaron a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy y auparon a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. El presidente del Parlament, Roger Torrent, presentó ayer una denuncia contra el juez Pablo Llarena y otros tres magistrados del Tribunal Supremo, a los que acusa de un "delito de detención ilegal" de diputados soberanistas y de "prevaricación judicial". En una iniciativa muy criticada por la oposición parlamentaria, Torrent denuncia "vulneración de los derechos políticos" de los encarcelados.
