Quejas e inquietud. Así recibieron ayer las autonomías -incluidas las gobernadas por el PSOE- la confirmación de que el nuevo Gobierno renuncia a abordar la reforma de la financiación autonómica esta legislatura. Pedro Sánchez lo avanzó el martes en el Senado y ayer, en el Congreso de los Diputados, lo repitió.
Y la primera en responder fue la Junta de Andalucía, en manos de Susana Díaz, la antigua rival de Sánchez por el control del PSOE. Díaz no se anduvo por las ramas: en la próxima reunión con el Presidente defenderá el "mandato" del Parlamento autonómico que reclama para la comunidad 4.000 millones más por su infrafinanciación.
El presidente valenciano, el también socialista Ximo Puig, no desdeñó el deseo de Sánchez de introducir mejoras a corto plazo, pero, con todo y con eso, urge cambiar el modelo "lo más rápidamente posible" porque es "injusto".
Tampoco la balear Francina Armengol, piensa renunciar a negociar "rápidamente" un nuevo sistema. Y en Castilla-La Mancha, el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, insistió en la urgencia de modificarlo: "Corre mucha prisa".
Más contundentes fueron las comunidades en manos del PP. La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, acusó al Presidente de "tomarle el pelo a las comunidades y a los españoles" y le afeó su "frágil memoria", porque hace muy poco exigía a Mariano Rajoy una propuesta de reforma y ahora dice "que en dos años no da tiempo".
El presidente gallego y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, exigió conocer "cuál es el calendario en financiación autonómica"; el mandatario de Murcia, Fernando López Miras, reclamó la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar ese asunto con "transparencia" y no en reuniones "ocultas" que pueden acarrear "más discriminación". El presidente madrileño, Ángel Garrido, ve tiempo "más que suficiente".
