28 de junio de 2018
28.06.2018
 

Los "sin papeles" recuperarán la asistencia sanitaria pública con 90 días empadronados o una situación de vulnerabilidad

La medida no tendrá incidencia práctica en Asturias, donde el Principado garantizó atención sanitaria a los inmigrantes irregulares desde el decreto de 2012
"He notado una nueva forma de hacer reuniones", elogia el consejero Del Busto a la ministra

28.06.2018 | 17:25
Los "sin papeles" recuperarán la asistencia sanitaria pública con 90 días empadronados o una situación de vulnerabilidad

Llevar un mínimo de 90 días empadronado en España o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe social, son las condiciones que tendrán que cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles. Ésta es la propuesta que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los "sin papeles" (unos 840.000).

En Asturias, este cambio no tendrá mayores efectos, pues desde el primer momento el Ejecutivo regional (con Faustino Blanco como consejero de Sanidad) arbitró mecanismos para que los inmigrantes irregulares no se vieran privados de atención sanitaria.

La ministra Montón ha querido que su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estuviera dedicado exclusivamente a recuperar la universalidad de la sanidad pública. Esta reunión ha sido criticada por los consejeros del ramo del PP al considerarla "demagógica" por ser una cuestión que ya habían resuelto las comunidades.

El consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, declaró tras la reunión que la devolución de la atención sanitaria a los sin papeles constituía "una reivindicación de prácticamente todas las consejerías de signo socialista desde el decreto de 2012". "He notado una nueva forma de hacer reuniones, con puntos únicos de gran importancia y con tiempo suficiente para el debate", elogió Del Busto.

Con los citados requisitos, un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social, Sanidad quiere garantizar que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite quede desatendido.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que tras la reforma del PP las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".

Las mismas condiciones que los españoles

La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.

Los consejeros socialistas han celebrado la recuperación de la sanidad universal y han coincidido en que se trata de un tema de "voluntad política" y no económico, ya que, a su juicio, la exclusión de los 'sin papeles' no ha supuesto ningún ahorro.

Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP han criticado la ausencia de una memoria económica, porque, según sus estimaciones, volver a atender a los inmigrantes en situación irregular tendría un coste de 1.200 millones de euros, al tiempo que han pedido a la ministra una mayor concreción sobre el concepto de universalidad. Todos ellos han coincidido en que no era necesaria la modificación, ya que la asistencia sanitaria a este colectivo ya está garantizada de "una u otra forma" por las distintas comunidades.

"Lo de hoy es más demagogia que fundamento", ha lamentado la consejera de La Rioja, María Martín, que ha subrayado que la solidaridad debe ir acompañada de seguridad jurídica.

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