El PNV y Bildu acordaron ayer que la futura reforma del Estatuto de Guernica sea sometida, con carácter previo a su tramitación ante las Cortes Generales, a una "consulta habilitante" de la ciudadanía vasca, que jurídicamente no tendría un carácter vinculante. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se apresuró a advertir que tal consulta está fuera "de todo procedimiento" del Estatuto y, "por lo tanto, no tiene cabida" en el ordenamiento.

Según el acuerdo al que ambos grupos, mayoritarios en la Cámara vasca, llegaron en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento, la ley estatutaria deberá ser aprobada, en primer lugar, por el Legislativo vasco para posteriormente ser sometida a una consulta ciudadana que, "aún no siendo jurídicamente vinculante, tendría un valor declarativo y habilitante esencial".

Una vez cumplido este trámite se iniciaría un proceso de negociación con el Estado para su encaje jurídico y, tras la tramitación en las Cortes, si fuera aprobada la ley, "se procederá a su ratificación mediante referéndum".

PSE y PP no comparten este procedimiento, mientras que Elkarrekin Podemos no lo rubricó porque, aunque no se opone a dicha consulta, considera que esta debería convocarse mediante un acuerdo de dos tercios del Parlamento vasco y opina que para que su resultado tuviera un valor habilitante esencial tendría que tener una participación mínima del 60% de los votantes.