La Generalitat habría desviado más de 4,7 millones de dinero público para la organización del "procés" que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, según los informes de la Guardia Civil que obran en poder del instructor de la causa, el juez del Supremo Pablo Llarena, y que probarían la malversación de fondos públicos.
Así lo revelan los numerosos análisis encargados por el juez, que arrojarían cifras muy superiores a los 2,1 millones que Llarena puso de fianza en concepto de responsabilidad civil a los 14 exmiembros del Govern procesados para cubrir la indemnización fijada en una eventual condena, que ahora podría doblarse.
La primera vez que la Guardia Civil hizo un análisis del coste del "procés" y la preparación del 1-O fue en un informe que se conoció el 5 de junio y en el que se acreditaba que la Generalitat comprometió 3,26 millones, de los que habría pagado 1,588 y tendría pendiente de abono 1,66.
Esta cifra global incluía por primera vez los 1,3 millones que se emplearon en rehabilitar la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el "call center" de la consulta.
En el último mes, Llarena ha obtenido nuevos informes que le han permitido elevar la cifra de gasto hasta los 4,7 millones, sumando los 900.906 euros del coste estimado de los centros de votación y los 621.928,34 del registro de catalanes en el exterior.
