12 de julio de 2018
12.07.2018
 

El Supremo condena al Estado por no tramitar peticiones de asilo de refugiados

España acogió sólo al 13% de las casi 20.000 personas que la UE le asignó tras la crisis migratoria de 2015 y ahora tendrá que asumir el resto

12.07.2018 | 01:55
Mariano Rajoy.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a España por incumplir sus compromisos de tramitar las solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia. La administración sólo dio curso al 12,85 por ciento de los casos del cupo de 19.449 personas asignadas por la UE tras la crisis migratoria de 2015. Es la primera vez que un tribunal de un país europeo condena a un Estado por sustraerse a directrices de la Unión.

El alto tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas sobre medidas provisionales para acoger los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio. El Gobierno de Mariano Rajoy no atendió a los compromisos contraídos tras las decisiones del Consejo Europeo, que asignaron a España un cupo de algo menos de 20.000 personas, cuya acogida debía tramitarse en dos años, de 2015 a 2017. Sin embargo, sólo se encauzaron el 12,85 por ciento de las solicitudes, lo que, según la resolución del Tribunal Supremo, implica "la condena del Estado español a continuar la tramitación" en los términos previstos por el Consejo de la Unión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacerse cargo ahora del 87 por ciento de las peticiones que quedaron pendientes de estudio.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal estima de forma parcial el recurso de la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada al Gobierno de que reconociese que España había incumplido sus obligaciones con el cupo establecido por la UE. Ante esta situación, los recurrentes solicitaron en su demanda que se declarase que España eludió las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acogerles), así como las finales establecidas, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente con esos compromisos. El abogado del Estado se opuso a esta pretensión y dejó constancia de que España estaba realizando las gestiones necesarias para reclamar y reubicar a los asilados que le fueron asignados, pero que el procedimiento resultaba laborioso.

El Supremo admite que el Gobierno realizó peticiones a Grecia e Italia que "no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las decisiones exigen para un adecuado logro de sus objetivos". Señala, sin embargo, que, como sostiene el Tribunal de Justicia de la UE, el escaso número de reubicaciones llevadas a cabo puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever, en particular, la falta de cooperación de determinados Estados miembros. "La falta de cumplimiento generalizado de las citadas decisiones no constituye justificación de la conducta omisiva que en el recurso se denuncia", concluye la Sala.

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