El Govern y las defensas de los líderes del 'procés' han instado hoy a la Fiscalía a mover ficha y aprovechar el "nuevo contexto" abierto a raíz del relevo en su cúpula para revisar la acusación por rebelión y la prisión preventiva ante la "oportunidad" que ha abierto la justicia alemana.

Un día después de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein aceptara la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de malversación, pero no por rebelión, las defensas de los nueve líderes independentistas presos han emplazado hoy a la Fiscalía a efectuar una "relectura más prudente" de la prisión preventiva y de la imputación por rebelión.

En una rueda de prensa conjunta, los abogados de los nueve presos han anunciado además que solicitarán en bloque a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que excarcele a los encausados, que desde esta semana permanecen ingresados en las cárceles catalanas de Lledoners, en Barcelona, y Puig de les Basses, en Girona.

Pese a ser conscientes de que la decisión del tribunal alemán no tiene "repercusión directa en términos legales" sobre la causa del 'procés', los abogados han planteado a la Fiscalía un "win win", ya que creen que, con el "nuevo contexto" que se abre tras el relevo en la Fiscalía General del Estado, el ministerio público tiene ahora una "oportunidad" para revertir el "desprestigio" que supondría mantener una acusación "desproporcionada".

Las defensas han dejado claro que esta apelación a la Fiscalía es sólo un "desiderátum" ya que no tienen ningún "input" en el sentido de que el ministerio público vaya a rebajar sus planteamientos, si bien se han mostrado confiados en que mueva ficha con el nombramiento de María José Segarra como fiscal general del Estado.

"En el nuevo contexto de la Fiscalía se puede entender que ellos también pueden resolver un problema propio", ha apuntado Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras que cree que la nueva situación es una oportunidad para el ministerio público "si quieren dejar de ser criticados y comparados con los estados menos democráticos de Europa".

En la misma línea, la consellera de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado hoy, en una entrevista a Efe, que la decisión de la justicia alemana crea un "buen momento" para que la Fiscalía aproveche la "oportunidad" de dar un giro" en su postura hacia los encausados por el 'procés'.

"Tienen una ocasión, que veremos si desean aprovechar o persistir en el error", ha indicado Artadi, que ha insistido que "todo el mundo que vive en Cataluña sabe que no hubo rebelión".

Por su parte, el Gobierno ha mostrado el "respeto más absoluto" a las decisiones judiciales, ha dejado claro que no tiene dudas sobre la eficacia de la euroorden como mecanismo de cooperación y ha defendido con firmeza el espacio Schengen, ante la petición del PP de que España se retire de esta zona de libre circulación.

A la espera de la reacción del Tribunal Supremo, que se plantea rechazar la entrega de Puigdemont si sólo es por malversación, la Fiscalía alemana está pendiente de crear las "condiciones organizativas necesarias" para llevarla a cabo, según ha dicho a Efe la portavoz y fiscal primera de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.

Precisamente, VOX, única acusación particular en la causa contra los dirigentes del proceso soberanista catalán, ha pedido al Tribunal Supremo que retire las órdenes de detención y entrega internacionales dictadas contra los políticos fugados si no se autoriza la extradición por todos los delitos que se les imputa.

Paralelamente, Puigdemont ha pedido al Supremo que anule la decisión del juez Pablo Llarena de suspenderle de sus cargos públicos, ya que entiende que no se da ninguno de los requisitos para ello y que la última palabra correspondería al Parlament.

En un recurso, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, insta a la sala penal de alto tribunal a anular la suspensión para función y cargo público acordada para su cliente por parte del juez Llarena en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El escrito alega que la suspensión no cumple "ninguno de los requisitos" establecidos en la ley, ya que Puigdemont, que mantiene su acta de diputado autonómico, no está en prisión preventiva ni ha sido procesado por un delito relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.

En la misma línea, la defensa de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del diputado de JxCat Jordi Sànchez han afeado a Llarena que haya retrasado su decisión de suspender a los procesados por rebelión para "no interferir" en el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, del pasado lunes.

Así lo sostiene el abogado Jordi Pina en el recurso, al que ha tenido acceso Efe, que ha presentado ante el juez en contra del auto del pasado martes que daba por acabado el sumario del 'procés' y suspendía cautelarmente de sus funciones y cargos públicos a los procesados por rebelión, entre ellos los diputados Turull, Rull y Sànchez.