La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo confirmó ayer la suspensión, como diputados del Parlament, de Carles Puigdemont y cinco políticos independentistas (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez) en prisión preventiva. Los seis están procesados por rebelión en la causa que instruye el juez Llarena contra los rectores del "procés".

La Sala desestima los recursos de apelación formulados por los cinco diputados presos con el argumento de que su suspensión "no es fruto de una decisión discrecional" de Llarena, sino que está prevista en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Y aún en el caso de que se necesitase "alguna justificación que excluya cualquier apariencia de absoluta desproporción", la gravedad de los hechos que se imputan a los procesados es "de tal evidencia que autoriza una motivación implícita que resultaría perceptible por cualquiera".

Dicho artículo de la Lecrim prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" mientras continúe en la cárcel.

Entre tanto, Junqueras y Romeva han pedido recusar a la sala que les juzgará, previsiblemente este otoño, porque sus "valores, creencias e ideología" podrían entrar en "colisión" con los de los procesados y afectar a su imparcialidad, ya que se "someten" a una Constitución que los acusados "quieren cambiar".

Se trata del presidente de sala Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral.