Los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que ve la jueza en el caso del máster de Pablo Casado podrían costarle al presidente del PP su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, contemplan una inhabilitación para cargo público de entre tres años y medio y siete años.
En la exposición razonada, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, considera que "pudiera haber suficientes elementos para entender que de los hechos expuestos pudiera derivarse responsabilidad penal del aforado".
Así, la magistrada ve a Casado como "cooperador necesario" de la presunta prevaricación que atribuye al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, pero no por las convalidaciones, que son legítimas, sino por la "calificación arbitraria" de las otras cuatro asignaturas del líder del PP.
La jueza pide al Supremo que investigue a Casado por el caso de su máster. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE
Este delito fue agravado en la última reforma del Código Penal, si bien a Pablo Casado se le tendría que aplicar el vigente en el momento de los hechos con penas de entre 7 y 10 años de inhabilitación, como recoge el artículo 404.
Al no ser Casado funcionario público, el artículo 65.3 del Código Penal señala que los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate, en este caso entre 3,5 y 7 años.
Desde el punto de vista jurídico, la jueza menciona la jurisprudencia del Supremo para manifestar que calificar una asignatura sin mérito académico es un delito imputable también a quien no es funcionario público, en este caso, a los alumnos.
Casado dice que no piensa dimitir. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE
Para la jueza, la conducta del líder del PP puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa, porque se matricula en el máster y paga las tasas académicas, aporta su expediente académico íntegro, solicita el reconocimiento de créditos y acepta el título, que usa en su currículo.
Respecto del cohecho impropio, la jueza se lo atribuye por su condición de diputado en la Asamblea de Madrid en aquellos años. La magistrada entiende que "recibir como regalo una titulación de máster" supone una prebenda que encaja en ese delito aunque reconoce que es una práctica "poco habitual", pues "los ejemplos que la jurisprudencia proporciona suelen referirse a cuestiones materiales, no a titulaciones académicas".
