El traslado de dos presos etarras desde la cárcel de Asturias a la vizcaína de Basauri fue acogido ayer de modo dispar por fuerzas políticas y asociaciones de víctimas, mientras el Gobierno siguió lanzando mensajes contradictorios sobre el inicio de la política de acercamiento de presos.
Las críticas más duras llegaron desde el PP, cuya vicesecretaria de Comunicación, Marta González Vázquez, criticó el traslado de Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, antiguos miembros del "comando Vizcaya", por considerar que es "el rédito" que se paga al PNV por su apoyo en la moción de censura y que supone "el primer paso" de una nueva política penitenciaria que implicaría un "trato diferente" a los etarras.
González Vázquez insistió en que la medida le preocupa pese a la voluntad del Gobierno de presentar el traslado como una "evolución natural" del tercer grado. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, mostró desconfianza hacia la iniciativa y advirtió que el Gobierno contará con su oposición si no se cumple la legalidad: "Nos tendrá enfrente, y a mí personalmente me tendrá manifestándome en la calle", dijo.
También Cs cargó contra el traslado, que hizo derivar de "las hipotecas" contraídas por el presidente Sánchez con el PNV y EH Bildu a cambio de sus apoyos en la moción de censura. Para el diputado "naranja" Miguel Gutiérrez, el Gobierno ha roto "de forma unilateral el consenso" en torno a la dispersión de los presos etarras. Gutiérrez denunció que pactar con EH Bildu es "propio de quien quiere ser presidente a toda costa". El diputado puso en duda, además, la condición de arrepentidos de Olga Sanz y Javier Moreno, y aseguró que no han colaborado con la justicia para esclarecer atentados.
Diferente fue la reacción de Podemos, cuya secretaria de Feminismos, la diputada asturiana Sofía Castañón, respaldó el traslado a Basauri como una forma de "salir del estado de excepcionalidad". También lo fue la de las asociaciones de víctimas. La presidenta de las víctimas vascas (Covite), Consuelo Ordóñez, consideró la medida "absolutamente legal" y "totalmente ajustada a derecho", mientras que el consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Folguera, reconoció que el traslado "cumple con los requisitos establecidos por la ley", si bien anunció que estará "vigilante" ante próximos movimientos.
Desde el Gobierno, la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, calificó de "hecho puntual" el traslado e insistió en que no es un "gesto" hacia el PNV. Batet insistió en que los dos etarras estaban en tercer grado y resaltó que Olga Sanz lo tiene desde el 27 de febrero. A Moreno le fue concedido el 30 de julio. Sobre otros posibles acercamientos, aseguró que se analizarán "caso por caso", cumpliendo siempre con los requisitos previstos por la ley. El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, admitió en cambio de modo mucho más abierto la posibilidad de nuevos acercamientos y defendió que la política penitenciaria se adecúe a la situación actual del País Vasco. Loza se preguntó si "es mejor que los presos se mantengan a mil kilómetros de distancia en primer grado" o "apoyar un proceso de reinserción".
