Exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos sin un acuerdo previo con la familia sería una profanación. Así lo considera el presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, ante el anuncio de que el Consejo de Ministros abordará el viernes el traslado de los restos del dictador, una operación hasta ahora frustrada por la negativa de sus descendientes a negociar el cambio de enterramiento. "Un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella", advertía ayer Chicharro en declaraciones a Efe.
El presidente de la Fundación Franco duda que el Consejo de Ministros inicie los trámites para desenterrar el cadáver. El Gobierno carece de potestad para tomar medidas en la basílica del Valle de los Caídos, porque la leyes del Estado "no tienen capacidad para los lugares de culto", donde "rige el derecho canónico". "La única autoridad" es el prior de la comunidad benedictina y "por encima, solo está el Papa", señala. Chicharro afirma que el Ejecutivo intentó contactar con la familia del dictador, pero "me consta que no ha habido contacto".
