El secretario general del PP, Teodoro García Egea, arremetió ayer contra la urgencia con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, y confirmó que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo aprueba finalmente un decreto ley que reabriría "lo que el consenso constitucional cerró hace 40 años".

"¿Se cree con mayor legitimidad para tomar decisiones que las que tomaron el señor Fraga, el señor Suárez, el señor Carrillo en su momento, creando paz, concordia y generando una Transición ejemplar en toda Europa?" , se preguntó el número dos del PP, quien criticó además que el Gobierno utilice la figura del decreto ley -reservado para casos de urgencia- cuando el PSOE, dijo, a lo largo de todos sus años de gobierno en democracia, nunca ha considerado "urgente" desenterrar los restos de Franco.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó también la propuesta de exhumar por decreto los restos del dictador "como si fuera una urgencia después de 40 años" y aseguró que la formación naranja se abstendrá en la votación del decreto si no se presenta como un proyecto para reconvertir todo el conjunto del Valle de los Caídos en un monumento a la reconciliación. Un cambio de posición con respecto al año pasado por el que la portavoz socialista en el Congreso, la asturiana Adriana Lastra, acusó a Rivera de haber "perdido el norte" en una "lucha fratricida" con el PP.

El Ejecutivo socialista tiene, pese a todo, muchas probabilidades de obtener la mayoría necesaria en el Congreso para exhumar los restos del dictador. El PNV anunció ayer su apoyo al futuro decreto, así como el PDeCAT y ERC, aunque a condición de declarar también la nulidad de los juicios políticos de la dictadura.

Podemos exigió, por su parte, ir más allá de la exhumación y pidió al Gobierno una reforma de la ley de Amnistía de 1977, justificándose en que "no puede ser que no se hayan juzgado los crímenes del franquismo".

Por otra parte, el instructor designado por el ministerio de Defensa, el teniente general Miguel Ángel Villarroya, abrió la investigación contra los cinco reservistas que firmaron un manifiesto que exalta la figura de Franco, y anunció que serán llamados a declarar. Mientras tanto, otro grupo, compuesto por una veintena de militares retirados, entre ellos el antiguo JEMAD Julio Rodríguez, expresó su "rechazo total" a este manifiesto.