La familia de Franco anuncia que "bajo ningún concepto" colaborará "activa o pasivamente" en la decisión del Gobierno de exhumar los restos mortales de su abuelo y anticipa que agotarán los recursos legales a su alcance para impedir el traslado. No obstante, ante la previsible salida de los restos del Valle de los Caídos, los nietos del dictador asumen que se harán cargo del cadáver. Descartan que la nueva sepultura sea el cementerio de El Pardo, en el panteón de los Franco donde se encuentra su esposa, Carmen Polo, por considerar que ese espacio no reúne las condiciones necesarias para un enterramiento de esas características.

El BOE publicaba ayer el decreto ley del Gobierno que establece que solo podrán estar enterrados en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que murieron en la guerra civil. "La presencia de los restos mortales del dictador dificultan el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda", apunta la decisión del Ejecutivo, que marca el inicio de un proceso que se espera culmine antes de que finalice el año.

La publicación del decreto abre el procedimiento en el curso del cual los descendientes del dictador dispondrán de quince días para presentar alegaciones contra la decisión del Gobierno y comunicar el destino que quieren para los restos. La familia Martínez-Bordiú Franco hizo ayer pública una nota en que advierte que "bajo ningún concepto colaborará activa o pasivamente con la pretensión del Gobierno" y reitera su "firme y unánime oposición" a cualquier exhumación o traslado de los restos de Franco. Como interesados en el expediente de exhumación que se incoará mediante acuerdo del Consejo de Ministros del próximo viernes, añaden que no descartan ningún recursos legal para garantizar sus derechos como "únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales". La familia considera que el decreto ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez "vulnera gravemente" la legalidad y confía en que la comunidad benedictina que tiene a su cargo la basílica "no accederá a ninguna exhumación en contra de la familia del difunto". Sobre esa disposición, confía en que el Ejecutivo "no podrá culminar su propósito de vejar (los restos) en un acto de revanchismo retrospectivo sin precedentes en el mundo civilizado". En previsión de que la exhumación se lleve a cabo, "no permitiremos jamás que el Gobierno disponga de los restos de nuestro abuelo" y exigirá su entrega "para proceder a darles cristiana sepultura", concluye la nota.

"Parque temático"

Francis Franco, nieto del dictador, descartaba ayer en una entrevista la posibilidad de enterrar de su abuelo los restos en El Pardo, donde está inhumada Carmen Polo por no resultar segura.

El presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, considera que la intención del Gobierno al exhumar a Franco del Valle de los Caídos es sólo el principio. "Después vendrá la demolición de la gran cruz y la expulsión de los benedictinos para convertirlo, finalmente, en un parque temático", anticipaba ayer en una entrevista con la agencia Efe.

Los partidos afilan armas ante la revalidación parlamentaria del del decreto gubernativo. El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, acusa al presidente del PP, Pablo Casado, de utilizar "algaradas y cortinas de humo" sobre la exhumación para que "se deje de hablar de la corrupción en su partido". Ciudadanos critica la fórmula elegida por el Ejecutivo, mientras que para IU la medida es insuficiente y pide también la exhumación de José Antonio Primo de Rivera.