Junts per Catalunya (JxC) y ERC alcanzaron ayer un acuerdo en la Mesa del Parlament para poder reabrir la Cámara la semana que viene, cuando está programado el debate de política general, y, al mismo tiempo, intentar que los seis diputados suspendidos de sus funciones por el juez Llarena tras su procesamiento no pierdan el acta.
La maniobra consiste en trasladar la decisión final al Pleno -en contra de lo establecido por el juez, que instó a la Mesa a hacerlo-, previo paso de la cuestión por la comisión del Estatuto del Diputado, aún no constituida y que será la que establezca cómo cumplir la resolución del Supremo sin vulnerar los derechos de los parlamentarios ni alterar las mayorías.
La suspensión afecta a Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Carles Puigdemont. Todos están en prisión salvo el expresidente, que huyó de la justicia.
La fórmula que se fije será la misma para los seis y no habrá un trato diferenciado para Puigdemont, pretensión de JxC que en julio provocó una crisis que a punto estuvo de romper las relaciones entre "junteros" y republicanos y que tiene el Parlament inoperativo desde entonces, entre las protestas de la oposición.
ERC y el PDeCAT (en el Parlament, integrado en JxC) discreparon ayer sobre la negociación de los Presupuestos con el PSOE. Joan Tardà (ERC) la supeditó a la retirada de las acusaciones contra los presos soberanistas y a su excarcelación, mientras que Carles Campuzano (PDeCAT), desmarcándose de esta exigencia, aseguró: "La situación de los presos está al margen de la situación política".
Entre tanto, el presidente catalán, Joaquim Torra, presentó su plan de gobierno para la XII legislatura con dos puntos destacados: aspira a un mandato completo de cuatro años y a activar un Foro Social, Cívico y Constituyente que sirva para "empezar a sentar las bases de una futura constitución" catalana.
El foro dependerá de la Consejería de Presidencia, que dirige la portavoz del Govern, Elsa Artadi, y buscará la implicación de toda la ciudadanía catalana, con mecanismos que no precisó.
El president precisó que el foro será el responsable de impulsar un "proceso constituyente" en Cataluña, que duraría los cuatro años de mandato y que serviría para poner las bases de la constitución y también de la arquitectura institucional de un eventual Estado independiente catalán.
