La vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció ayer que el Gobierno revertirá el decreto ley aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para facilitar que las empresas pudieran cambiar su sede social de manera inmediata únicamente con la aprobación de su consejo de administración.

Calvo dijo a una radio catalana que "el Gobierno tiene claro que hay que ayudar a crear un marco de seguridad y estabilidad en Cataluña para que las empresas que se fueron vuelvan y las que han venido sepan que este Gobierno de España va a trabajar por la estabilidad".

En ese contexto, Calvo fue requerida para decir si el gabinete de Pedro Sánchez revertirá el real decreto. "Absolutamente", respondió. "Nosotros en esto no tenemos ningún problema, absolutamente ninguno".

Con todo, Calvo reconoció que "las empresas se han ido (de Cataluña) porque la inestabilidad e inseguridad que provocaba la situación vivida les hicieron tomar decisiones que eran puramente empresariales". Y repartió culpas: "Las instituciones catalanas y el Gobierno del PP hicieron un destrozo importante en la economía catalana".

Calvo se reunió ayer por espacio de media hora con la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la sala de autoridades de la Estación de Sants, en Barcelona. Ambas se han reunido ya varias veces y su relación es cordial.

Entre tanto, un juez de Cornellá (Barcelona) ha citado a declarar como investigados para el próximo diciembre a siete miembros de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, entre ellos el exjefe del cuerpo Ferran López, por un delito de desobediencia, por su supuesta pasividad al impedir el referéndum del 1-O.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellá acuerda esas imputaciones, después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió, para que la uniera a la investigación sobre el mayor Josep Lluís Trapero.

Además, el juicio en el Tribunal de Cuentas por la pseudoconsulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 quedó ayer visto para sentencia tras las acusaciones de "referéndum encubierto" de Sociedad Civil Catalana (SCC) y la defensa del expresident Artur Mas, que piensa que a esta entidad "le sabe a poco" la condena penal y busca más embargos. "Estaban decididos a hacerla y no había la más mínima posibilidad de pararla por parte de las instituciones del Estado", denunció el abogado de SCC.