El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del socialista y Unidos Podemos conlleva una expansión del gasto social y un aumento de la fiscalidad, centrado en las élites económicas y en las empresas de mayor tamaño, que en el documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se presenta como el fin a "siete años de recortes y de asfixia" con los ejecutivos del PP.

El pacto comprende medidas de alcance económico y laboral, como la mayor subida del salario mínimo interprofesional en 40 años, y compromisos cuantiosos con los pensionistas, los parados de larga duración y otros colectivos vulnerables. Aunque por ahora los números globales son confusos porque ambos socios han transmitido versiones disímiles. Sobre la dimensión del incremento del gasto, el Gobierno habla de 2.082 millones (sin incluir el que corresponde a la Seguridad Social), Podemos lo cifra en 4.500 millones y del documento se infieren compromisos por más de 5.000. Sobre los ingresos, el Ejecutivo dijo esperar un aumento de recaudación de 5.678 millones, la formación morada pronostica 7.000 millones y los técnicos de Hacienda consideran que varias de las principales medidas tendrán efectos muy modestos. En los siguientes puntos se desarrollan las propuestas más relevantes.

Pensiones. El acuerdo plantea revalorizar con carácter general las pensiones según el IPC, compensando a los jubilados por las desviaciones que puedan producirse sobre la inflación prevista tanto en 2018 como en 2019. El impacto estimado es de 704 millones. A la vez, las pensiones mínimas y no contributivas subirían el 3%, como ya ocurrió este año. El coste de esta última medida se estima en 384 millones.

Copagos. Se plantea revertir de manera progresiva el copago de los medicamentos, empezando en 2019 por los pensionistas con ingresos más modestos y las familias en situación más vulnerable. No se especifica el coste.

Dependencia. Aumento del 40% (515 millones) en la financiación de las prestaciones de dependencia. Se recuperarían además las cotizaciones sociales a cuenta del Estado para 180.000 familiares cuidadores, suprimidas en 2012 con el PP. Este gasto sería de 315 millones.

Salario mínimo. Subida de 164 euros al mes, hasta los 900 euros. El incremento relativo, del 22,3%, es el mayor registrado en al menos cuarenta años. Pese a la resonancia de esta reforma, el impacto efectivo es limitado porque, según datos oficiales de finales de 2017, el número de trabajadores que entonces cobraban el salario mínimo era de unos 533.000 en toda España. Los beneficiarios principales son mujeres, jóvenes y asalariados con empleos de baja cualificación. En Asturias, la proporción de trabajadores que cobra el salario mínimo ronda el 1,3% del total, según una estimación realizada por el servicio de estudios del BBVA para el conjunto del Noroeste.

Paternidad. Equiparación del permiso de paternidad retribuido con el de maternidad en tres años. En 2019, pasaría de cinco a ocho semanas, con un coste de 300 millones para la Seguridad Social.

Subsidio de paro. Recuperación el subsidio de desempleo a partir de los 52 años (323 millones). También existe un compromiso para modificar algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, como la caducidad de los convenios o las reglas para modificar las condiciones de trabajo en las empresas. El coste y otras reglas del despido no se tocan.

Autónomos. Compromiso de reforma en 2019 del sistema de cotización para vincularlo a los ingresos reales, lo que bajaría el coste para los que menos ganan y lo subiría para otros.

Alquileres. Se propone ampliar la prorroga obligatoria de los contratos de 3 a 5 años y facultar a los ayuntamientos a intervenir en los precios de zonas determinadas si se observan aumentos abusivos. Es una de las concesiones del PSOE a Unidos Podemos.

Fiscalidad. De aprobarse los Presupuestos en los términos propuestos, el IRPF subiría dos puntos para la rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos si se rebasan los 300.000. El sindicato de técnicos de Gestha estima una aumento de recaudación de 860 millones y 120.000 contribuyentes afectados (algo más de un millar en Asturias). Sube también la presión sobre las rentas de capital superiores a 140.000 euros y el tributo de patrimonio para las mayores fortunas. El impuesto de sociedades baja del 25 al 23% para las empresas más pequeñas, aunque el ahorro que estima Gestha no pasa de 25 millones. Se establece un tipo efectivo mínimo del 15% para empresas grandes, concernidas también por una rebaja en las exenciones por dividendos. Y se confirman dos rebajas en el IVA: del 10% al 4% para los productos de higiene femenina del 21% al 10% para los servicios veterinarios.