La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 680 millones el montante global de los fondos desviados por la Junta de Andalucía para afrontar los pagos de las "ayudas" de los ERE fraudulentos entre los ejercicios 2000 y 2009. Esos fondos, según el Ministerio Público, "no debieron salir de las arcas públicas" por lo que, con esa actuación, se generó un "evidente" riesgo de menoscabo de fondos. Así lo puso ayer de manifiesto en su informe final del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta andaluza.
La Fiscalía continuó ayer la lectura de sus conclusiones definitivas, después de que la semana pasada mantuviera su petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta Manuel Chaves por prevaricación, y de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación.
Según expuso, la Fiscalía considera probado que el Gobierno andaluz usó "durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco" en el que "las ansias de rapidez y agilidad" en dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis eliminó "todos los mecanismos de control establecidos".
