El asturiano Bernardo Fernández Pérez (Oviedo, 1950) será uno de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Entrará en el órgano de gobierno de los jueces como uno de los ocho juristas de reconocido prestigio que eligen las Cortes. Su nombre figura entre los cuatro vocales que saldrán del Senado, cuya propuesta consensuada formalizaron ayer PP y PSOE.

"Me pidieron la conformidad el pasado viernes para ser vocal del Consejo y confirmé mi disposición. En estos momentos estoy a la espera de la confirmación definitiva", declaró ayer Fernández a LA NUEVA ESPAÑA.

Bernardo Fernández, quien ahora es presidente en funciones del Consejo Consultivo del Principado, tiene una amplia trayectoria pública y académica. Licenciado en Derecho, participó en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Asturias. Fue consejero con Rafael Fernández y Pedro de Silva en la Presidencial del Principado. Ejerció como vicepresidente en el Ejecutivo regional que encabezaba Juan Luis Rodríguez-Vigil.

Entre quienes acceden al Consejo como juristas de reconocido prestigio figura también José Ricardo de Prada, el juez de la Audiencia Nacional a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia de Gürtel. A estos ocho vocales se añadirán los doce de extracción judicial, que saldrán del listado de 51 jueces avalados por las asociaciones profesionales o por sus propios compañeros.

En este grupo estarán, por el sector progresista, Fernández Seijo, Esther Erice, Victoria Rosell (la jueza que fue diputada de Podemos), los magistrados del Supremo Ángel Arozamena y José María del Riego y la expresidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género Inmaculada Montalbán. A propuesta del PP entrarían en el Consejo Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial, esposa del juez Pablo Llarena y candidata que más avales logró de sus compañeros; y María Tardón, recientemente elegida magistrada de la Audiencia Nacional y avalada por la asociación Francisco de Vitoria. En ese cupo estarán también al magistrado del Supremo José Antonio Montero y el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Fuenlabrada Alejandro Abascal, ambos avalados por la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y de sesgo conservador .