27 de noviembre de 2018
27.11.2018
Ley de Seguridad Ciudadana

La reforma de 'ley Mordaza' avanza a falta de debatir los asuntos más espinosos

Se han centrado en el inicio de la ley y han podido acotar la definición de seguridad ciudadana

27.11.2018 | 12:45

Los trabajos para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley Mordaza', han avanzado este martes con acuerdo para acotar la definición de ese concepto y fijar nuevas reuniones, pero los grupos parlamentarios aún no han tocado los asuntos más espinosos de la norma, donde las diferencias son más patentes.

Cinco horas han estado reunidos, con un receso para comer, los diputados que forman parte de la ponencia que debate la reforma de la polémica ley de 2015 y que trabajan, tal y como acordaron, sobre el texto del PNV, que plantea modificaciones en 44 preceptos de la norma vigente.

Hoy, los diputados se han centrado, sobre todo, en la parte inicial de la ley y han podido acotar la definición de seguridad ciudadana para ligarla al ejercicio "pacífico" de las libertades y derechos fundamentales y a la convivencia en los espacios públicos.

Tal y como han subrayado los representantes de los grupos tras la reunión, la ponencia se ha celebrado en un clima de búsqueda de acuerdos, pero han reconocido que será cuando se debatan las enmiendas relativas a las infracciones, el derecho de manifestación, los cacheos o la toma y difusión de imágenes de los agentes cuando se pongan de manifiesto las divergencias.

Mientras tanto, los grupos han decidido volver a reunirse en la ponencia el próximo día 12 tras el Pleno y pedirán al Congreso que la Diputación Permanente les habilite enero para seguir los trabajos los días 15, 16 y 17 de ese mes, que queda fuera del periodo ordinario de sesiones.

Al término de la reunión, el portavoz socialista de Interior, David Serrada, ha resaltado el buen clima entre los grupos y el "alto grado de acuerdo" y los avances hoy conseguidos, casi por unanimidad, para dejar claro el concepto de seguridad ciudadana ligada al ejercicio de los derechos de los ciudadanos en los espacios públicos.

Desde el PP, los diputados José Alberto Martín-Toledano y Marimar Blanco, ha puesto de manifiesto el interés de todos por mejorar la ley artículo por artículo pero no liquidarla, lo que demuestra que la vigente "no era tan mala" porque, además, "se mantendrán muchas cosas" de ella.

Han indicado que entre algunas de las cuestiones debatidas, los diputados del PP han mencionado el acuerdo para que el DNI se expida en la lengua de cada territorio, algo que ya se hace por un real decreto pero que se quiere blindar en la ley.

Asimismo, todos los grupos han estado de acuerdo en que el documento de los extranjeros, el NIE, tenga la misma garantía de seguridad que el DNI para evitar falsificaciones.

Los diputados del PP han puesto de manifiesto el "muy buen ambiente de trabajo" y las "ganas" de todos de conseguir una ley de consenso.

Por su parte, los diputados de Unidos Podemos Ricardo Sixto y Eduardo Santos han resaltado los avances en la metodología que permitirán seguir trabajando, pero han asegurado que los debates serán más intensos en las próximas sesiones de la ponencia, en las que las posiciones ideológicas harán más espinoso el debate y más difícil el acuerdo.

De todos modos, y tras varios meses de bloqueo, a todos los grupos les gustaría que pudiera consensuarse lo más posible la reforma de la ley, cuya propuesta de derogación llegó a aprobarse en el Congreso.

Sin embargo, finalmente se presentaron dos propuestas de modificación por parte del PNY el PSOE, si bien se acordó que fuera la de los nacionalistas vascos la que sirviera de base de los trabajos.

Entre otras cosas, el PNV propone reformar los apartados de la ley que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen en los mismo términos frente al Congreso y senado, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

Por otro lado, en lo referente a la libertad de expresión e información, el grupo vasco propone la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos y seguridad del estado, ya que consideran que supone una "prohibición" a la libertad activa y pasiva de información.

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